inmigración

Vich se escuda en un informe jurídico para excluir a inmigrantes sin papeles

La Voz de Galicia, Enrique Clemente | La Voz, 19-01-2010

El PSC ordena ahora a sus concejales que voten en contra de la medida de no permitir que se empadronen

El PSC ordena ahora a sus concejales que voten en contra de la medida de no permitir que se empadronen

El Ayuntamiento de Vich dio a conocer ayer que cuenta con el aval jurídico del prestigioso bufete Roca i Junyent, que considera que su decisión de no empadronar a los inmigrantes irregulares «no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley». Con el informe en la mano – solicitado por el propio consistorio barcelonés al despacho del antiguo dirigente de CiU, grupo al que pertenece el alcalde – , pasó la patata caliente al Gobierno. En concreto el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que pidió mediante una instancia que le informe por escrito de cuáles son los requisitos exigibles para empadronar a los ciudadanos extranjeros que no pertenezcan a la Unión Europea.

El Ayuntamiento sostiene que en estricta aplicación del artículo 25 de la Ley 4/2000 que regula los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España es absolutamente legal que exija a los extranjeros no comunitarios que el pasaporte cuente con el correspondiente visado. En todo caso, pide que sea el ministerio del Interior quien precise si considera válido y suficiente un pasaporte sin visado.

El consistorio aseguró que retirará la polémica medida si el Gobierno demuestra que es ilegal, como ha reiterado. Ayer mismo Rubalcaba insistió en que Vich está obligado a empadronar a los «sin papeles», como consta en una circular de 1997. La decisión definitiva se ha aplazado hasta el 4 de febrero.

Por su parte, tras más de una semana de analizar la cuestión, el PSC ordenó ayer a sus cuatro concejales en Vich que voten en contra de la medida que apoyan junto a sus socios en el ayuntamiento, CiU y ERC. Su portavoz, Miquel Iceta, afirmó, antes de que se conociera el estudio jurídico de Roca i Junyent, que cualquier informe solvente demostraría la ilegalidad de la misma.

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