El informe jurídico solicitado por el Ayuntamiento de Vic al bufete de abogados Roca Junyent asegura que la intención del Consistorio catalán de impedir el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular – lo que imposibilitaría su acceso a las ayudas sociales o a la educación, por ejemplo – «no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley». Nada más recibir estas conclusiones, los responsables municipales presentaron una instancia en la subdelegación del Gobierno en Barcelona, dirigida al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a través de la cual le reclaman que les informe por escrito sobre los requisitos de los pasaportes que presentan los inmigrantes para poder inscribirlos.

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, explicó que, «en estricto cumplimiento de la legalidad y en aplicación del artículo 25 de la Ley 4/2000 que regula los Derechos y las Libertades de los Extranjeros en España y su integración social», distingue entre los inmigrantes procedentes de un país miembro de la Unión Europea y de los que no lo son. «Para estos últimos es preciso que el pasaporte se acompañe del preceptivo visado», especificó, algo imposible de cumplir por los ‘sin papeles’.

Mientras sigue la polémica en Vic, el Defensor del Pueblo ha decidido abrir una queja de oficio con el fin de esclarecer las posibles irregularidades en el proceso de empadronamiento de los inmigrantes en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, tras conocer que obliga a los extranjeros a tener la documentación en regla, que su pasaporte no tenga visado de turista y que el espacio en el que vivan sea como mínimo de 20 metros cuadrados por persona. Para Enrique Múgica, en una primera impresión, el Ayuntamiento ha incumplido la ley. «El empadronamiento es fundamental para que los derechos fundamentales de las personas se cumplan», insistió.