El bufete de abogados alega en su documento que la medida no es «contraria a la ley» Vic

El Ayuntamiento de Vic no renuncia a negar el empadronamiento a los inmigrantes indocumentados. A pesar de las advertencias que le llegan de todas las instancias tras la polémica desatada, el Consistorio se vio ayer reforzado por el informe jurídico encargado en plena tormenta política por el alcalde, el democristiano Josep Maria Vila d’Abadal, para determinar la legalidad de la reforma.

El dictamen, redactado por el bufete del ex diputado nacionalista Miquel Roca, avala la postura del Gobierno local – integrado por CiU, PSC y ERC – , que cuenta con el visto bueno de la xenófoba Plataforma per Catalunya de Josep Anglada. Aún más, el texto considera que la medida que el Ayuntamiento planea aprobar en febrero «no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley». Tras conocer el contenido del informe, el Consistorio dirigió una instancia a Interior en la que reclama al ministerio que aclare si debe aceptar como «válido y suficiente un pasaporte que no cuente con el preceptivo visado». En el mismo escrito, firmado por Vila d’Abadal, el Ayuntamiento de Vic se acoge a la ley de bases de régimen local, a la última reforma de la Ley de Extranjería y al reglamento de Población para sostener que el municipio ha acatado la «más estricta y fiel interpretación de las normas legales» con su proposición para endurecer la admisión de sin papeles.

El Consistorio no pierde la ocasión de lanzar una crítica velada en la misiva catalogando como «presumiblemente autorizadas» a las «diversas voces» que han discrepado del anuncio del equipo de gobierno de Vic. Aunque no cita nombres, la medida ha sido desautorizada por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y varios ministros, entre ellos el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Se presupone que el ministerio se expresará de nuevo en contra de la propuesta, en los próximos días tras el requerimiento que la población envió ayer. De todas formas, la instancia argumenta a continuación que «no corresponde a este Ayuntamiento la interpretación sobre qué pasaportes pueden gozar de la consideración de válidos». Por su parte, las entidades opuestas a la reforma lamentaron que el Ayuntamiento no les comunicase las conclusiones del dictamen. «Estamos dolidos porque llegamos al acuerdo de compartir información y no hemos recibido el informe», se quejó la presidente de la ONG Veus Diverses, Carme Roquer. Los colectivos contrarios a la modificación, que aseguran que están convencidos de que el Gobierno «detendrá» las intenciones del Consistorio, mantendrán esta tarde una reunión con el equipo de gobierno en la que insistirán en reivindicar la retirada de la moción. Asimismo, estudian organizar en breve un «acto festivo» para difundir sus reclamaciones.