Torrejón de Ardoz no empadrona a inmigrantes con visado de turista o que vivan en pisos que no tengan 20 metros cuadrados por persona. El alcalde de este municipio de 116.000 habitantes de los que 26.000 son extranjeros, Pedro Rollán (PP), afirmaba ayer, en una entrevista publicada por este diario, que la denegación del “empadronamiento no restringe ningún derecho”, como la sanidad o la educación, pero ese mismo día pudo comprobarse que no es cierto.

Gilbert, de 22 años, es dominicano y de camino al centro de salud de la Veredilla cuenta su última experiencia en Torrejón, donde vive desde hace nueve meses. “Me entró una infección de garganta, tenía fiebre. Fui para pedir un médico, pero no me atendieron porque no estaba empadronado aquí”, explica. Gilbert tuvo, entonces, que irse a Usera, donde reside su madre y él se empadronó cuando se lo impidieron en Torrejón, lugar en el que vive con su tía. Es el caso de otros inmigrantes que, viviendo en la población, tienen que inscribirse en otros lugares para poder acceder al médico, según relataban a EL PAÍS.

Gilbert se ha prestado a acudir al ambulatorio para comprobar si tiene derecho a un médico. Se acerca al mostrador y detalla un malestar. La recepcionista le interroga hasta descubrir que no está empadronado. “Vas a tener que pagar”, le informa mientras teclea buscando sus datos. El pago, según explica la recepcionista, es un mínimo de 60 euros que da derecho a una consulta con el médico de cabecera. La necesidad de enfermera aumenta la tarifa 30 euros. El joven no tiene intención de pagar.La recepcionista sigue tecleando hasta que da con el nombre de Gilbert en el área sanitaria de Usera. “Vale, vale. Te encontré. No tendrás que pagar nada”, le resuelve la empleada. Muy amable le explica que para que le vea un médico en Torrejón va a tramitarle un desplazamiento temporal, de un máximo de seis meses. Gilbert ya tiene una cita médica para hoy y podrá seguir acudiendo a ese centro hasta el 18 de junio.

La cuestión es que si en lugar de Gilbert, que al menos está empadronado en Usera, hubiese acudido otra persona sin padrón la recepcionista explica que “no tendría derecho a la asignación de un médico” y que en ese caso “debe pagar el importe correspondiente al tipo de consulta”.

Las contradicciones surgen también en materia de educación. El alcalde afirmó, en la entrevista a EL PAÍS, que tanto en sanidad como en cuestión académica, el empadronamiento “no restringe ningún derecho”, pero un portavoz de la Consejería de Educación confirmó que la inscripción en el padrón sí es necesaria para la matriculación de alumnos en los colegios públicos. Y que, aunque no fuese así, los cuatro puntos que el candidato obtiene al demostrar que vive en la misma zona del centro escolar los perdería, haciendo mucho más difícil su admisión: “Sobre todo si se trata de un colegio en el que no sobren plazas”.

Magnolia, dominicana como Gilbert, sufrió la denegación del padrón de su hija Lizzet, de cuatro años. La razón fue, según cuenta, que la pequeña, que llegó a España en noviembre, lo hizo con un visado de turista – uno de los dos motivos por los que el alcalde impide el empadronamiento – . A pesar de todo, el colegio Seis de Diciembre inscribió a la niña y, ante la desesperación de la madre por registrar a su hija, la remitió a un asistente social que, a través de un abogado, le consiguió en dos meses la inscripción en el padrón.

La comunidad dominicana, en concreto, se está convirtiendo en una fuerza muy activa contra el Ayuntamiento. Con motivo de la polémica, inmigrantes del país caribeño quieren crear una asociación que, hasta ahora, no consideraban que les hiciese falta. “Para que nos escuchen. Porque hemos visto el rechazo del Ayuntamiento, el acoso en los bares… Ya que no nos escuchan como personas que nos escuchen como asociación”, rezaba Annie Rosario, la responsable de la inicitiva, ante una decena de compatriotas.

Cada uno de ellos tiene una razón para estar allí. Por un lado está Miguel Ángel Reinoso, un treintañero habitual de las ETT que, ahora mismo, no pertenece a ninguna parte. “Me dieron de baja en el Ayuntamiento de Málaga y aquí, aunque vivo con mi hermana desde hace meses, me piden tantas cosas que aún no he conseguido empadronarme”. A su lado observa silenciosa Virginia Antonia. Vive en Torrejón desde hace tres años, pero su padrón dice que habita en Vallecas. Su historia es un lío, no se da de baja en Vallecas por miedo a quedarse sin coberturas porque en Torrejón le ponen pegas, pero a la vez, el Ayuntamiento, según cuenta, alega que mientras esté empadronada en otro municipio se olvide de Torrejón. Virginia va al médico en Vallecas.

Y, por último, el caso de Annie, la que en una semana se ha convertido en la cara visible de los inmigrantes ante los medios, la dueña de un teléfono que no deja de sonar pidiéndole unos minutos ante las cámaras, la tía de Gilbert.

Annie lleva nueve meses peleando por empadronar a su sobrino en su casa, donde vive con su hijo Abel de 15 años y su marido (español). El problema – y es común a varios asistentes a la reunión – es que en su domicilio aparecen inscritas cuatro personas que no viven ahí y el Ayuntamiento, según su versión, requiere que sean esos supuestos inquilinos los que vayan a darse de baja personalmente. Como no lo hacen, el sobrino de Annie cae irremediablemente en el segundo motivo de denegación del padrón: no tener un ratio de 20 metros cuadrados por persona en la vivienda.

“Esta gente ni siquiera vivió conmigo. Están inscritos ahí desde antes de que yo fuese a esa casa. Algunos ni siquiera están en España”, se queja Annie, que regenta un bar dominicano cerca de su casa. Para intentar solucionarlo (y para no dejar de pelear) el 9 de junio de 2009 remitió un escrito al Ayuntamiento en el que expone que las personas que aparecen como residentes en su domicilio no viven ahí y solicita que se les de de baja tanto en el municipio como en su casa. Siete meses después, sigue esperando una respuesta.