El PP apoya que los ayuntamientos puedan controlar los empadronamientos de sin papeles con el objetivo de evitar fraudes y abusos, según su portavoz de inmigración, Rafael Hernando. Asegura que, en todo caso, los municipios tienen obligación de empadronar a todos los inmigrantes y, por tanto, rechazan la actuación del Ayuntamiento de Vic. El PP, sin embargo, sí respalda la actuación de su alcalde en Torrejón (Madrid) que ha establecido controles para comprobar que los empadronados son realmente residentes en el municipio. Para ello impide empadronamientos masivos en una sola vivienda y de los extranjeros que tengan visados temporales de turismo.

El PP hace una lectura particular del artículo 6 de la ley de extranjería, que obliga a empadronar a todos los extranjeros “que tengan su domicilio habitual en el municipio”. Para el PP, este artículo obliga a comprobar que, efectivamente, existe esa condición de residencia y que la inscripción no es un simple trámite.

Para los populares, una muestra de residencia fraudulenta puede ser el empadronamiento masivo en una misma vivienda o la condición de turista, incompatible con la de residente. El Ayuntamiento de Torrejón, que viene aplicando restricciones desde 2008, presumía recientemente en una publicidad pagada por el consistorio de su éxito al lograr reducir “por primera vez” la inmigración del municipio aplicando limitaciones en el empadronamiento.

Estos días diversos dirigentes del PP, encabezados por Mariano Rajoy, han hablado de modificar la ley de extranjería, pero Hernando aclara que en ningún caso barajan modificar las condiciones para el empadronamiento. Sus propuestas sí irían en la línea de las 64 enmiendas que el PP presentó en el trámite parlamentario de la ley de extranjería y que fueron todas rechazadas. Por ejemplo, en esas enmiendas se pedían controles biométricos para los inmigrantes que llegaban a España, como el control del iris, que ya existe en otros países europeos; limitaciones en el arraigo; registro de salida; cambios en el sistema de entrada para restringirlo; visados de búsqueda de empleo por seis meses y medidas de expulsiones efectivas, entre otras.

No se incluía la reforma del empadronamiento porque, según dicen, la norma actual es suficiente para que los ayuntamientos controlen los fraudes e impidan que se puedan empadronar los que no son residentes. La dirección del PP rechaza la actuación del Ayuntamiento de Vic y recuerda que entre los partidos que gobiernan ese consistorio se encuentra el PSC. Dirigentes del PP como Cristóbal Montoro han hablado estos días expresamente de xenofobia en Vic.

No obstante, la inmigración siempre provoca que afloren entre los populares distintas posiciones. En todo caso, Hernando asegura que el PP defiende que los inmigrantes irregulares tengan derecho a sanidad y educación y que los ayuntamientos tengan obligación de empadronarlos a todos. La crítica del PP se dirige, especialmente, a lo que considera política permisiva del actual Gobierno con la entrada de inmigrantes irregulares.