La iniciativa del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) para impedir el registro de los inmigrantes en situación irregular en el padrón municipal no tiene ningún viso de prosperar. El Ministerio del Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, ya ha preparado la respuesta a la consulta formulada ayer por el Ayuntamiento sobre la legalidad de la medida. El Gobierno recuerda que la resolución de 1997 sobre empadronamiento de extranjeros sigue vigente y obliga a todos los ayuntamientos de España a empadronar a inmigrantes, a todos, incluso aquellos que no tienen su situación regularizada y carecen de permiso de residencia y trabajo.

La resolución de 1997 a la que hace referencia Rubalcaba, fue aprobada por el Ministerio de Administraciones Públicas, que entonces dirigía Mariano Rajoy, y que incluía la obligatoriedad de aceptar como domicilio incluso una cueva o una chabola, en el caso de los marginados sociales que quisieran empadronarse. La Abogacía del Estado, dependiente del ministerio de Justicia, está elaborando igualmente un informe sobre este aspecto que fue resuelto por las administraciones hace más de 12 años y que ahora ha vuelto a poner de actualidad la rebeldía de un ayuntamiento gobernado por el PP, Torrejón de Ardoz (Madrid) que aplica sus propias normas discriminatorias desde hace más de un año, y de un ayuntamiento gobernado por CiU, ERC y PSC, el de Vic, que ha anunciado que quiere restringir el empadronamiento a partir del mes de febrero.

Interior envió en 2008 a la subdelegación del Gobierno de Cataluña una nota relativa a la documentación válida para identificar a los extranjeros que solicitaran su inscripción en el padrón. Interior redactó el informe tras diversas consultas en ese sentido planteadas por varios ayuntamientos catalanes, que preguntaban sobre la documentación que debe exigirse para identificar a los extranjeros cuando solicitan su empadronamiento. Además, el Ayuntamiento de Vic se comprometió en 2009, a empadronar a todos los inmigrantes en un documento que firmaron los principales municipios catalanes.

El informe que elaboró Interior concluía tajantemente con esta afirmación: “En el padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras, y en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el registro del Ministerio del Interior”.

Tras una semana de calculada ambigüedad, el Partit dels Socialistes de Catalunya decidió ayer cortar por lo sano y ordenar a sus concejales de Vic (Barcelona) que rechacen cualquier limitación al empadronamiento de inmigrantes como estaba planeando el equipo de Gobierno de este municipio en el que conviven CiU, PSC y ERC. La cúpula del partido ordenó a sus concejales que se ciñan estrictamente a la ley y abandone la idea de rechazar el empadronamiento de inmigrantes sin permiso de trabajo. “La idea ni siquiera debe discutirse en el pleno municipal”, dijo el portavoz del partido, Miquel Iceta, quien recordó que el padrón no es una herramienta para regularizar inmigrantes, sino para calcular las necesidades de una población sobre servicios sanitarios y educativos entre otros.

La ejecutiva del PSC constató ayer que debía parar la iniciativa de sus concejales de Vic para no dar la imagen de que cada ayuntamiento puede vetar a su antojo el empadronamiento de inmigrantes. Hasta ahora el PSC había evitado desautorizar a sus concejales, pero a la vista de que éstos habían actuado “por libre” según fuentes de la dirección, el partido ha cambiado de estrategia.

El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, rechazó tanto la iniciativa de Vic, como las actitudes “buenistas” con los inmigrantes. Con ello, el líder del PSC busca encontrar el equilibrio entre ambas posiciones e intentar frenar lo que los socialistas ven como una ofensiva en toda regla de Convergència i Unió y el Partido Popular para hacer de los recelos hacia la inmigración el eje de la campaña electoral catalana de este año.

Una vez recibida la orden, los concejales del PSC de Vic dieron señales de marcha atrás, pero sin dejar de defender la polémica medida. “No haremos nada que no diga el Ministerio del Interior”, dijo el teniente de alcalde y jefe de filas del PSC de Vic, Josep Burgaya insistiendo, eso sí, que lo que proponía su ayuntamiento era una aplicación “estricta” de la ley.

De esta manera, y a juzgar de las palabras de Burgaya, la medida no verá la luz. Y es que a pesar de que el Ayuntamiento de Vic aireó ayer a los cuatro vientos un informe del despacho de abogados Roca Junyent encargado por el equipo de gobierno y que defendía sus tesis, el equipo de gobierno ha decidido no hacer nada que no le autorice el Gobierno central.