Jaume López
La propuesta del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los inmigrantes que en tres meses no hayan demostrado su situación legal ha suscitado múltiples reacciones. Al margen del análisis de la oportunidad política de la medida, de la estrategia partidista que la haya podido propiciar y de su base jurídica cabe hacer una reflexión más general sobre lo que implica.

Hablar de los retos que plantea la inmigración es referirse a tres problemas distintos: el del racismo (de orden cultural/ actitudinal), el de la legalidad (administrativo) y el de la integración (social). Una mala legalidad dificulta la integración y aumenta el racismo. Pero también, al revés. El racismo puede provocar una legalidad que dificulte la integración. Conviene distinguir estos tres niveles siempre que pretendamos ofrecer soluciones.

El argumento principal de los defensores de la medida ha sido destacar la voluntad de coherencia: ¿cómo vamos a empadronar a los que no deberían estar entre nosotros por no disponer de la correspondiente documentación? Sería incurrir en falsedad en documento público, llegó a decir el alcalde de Vic. Se apela, pues, a la coherencia. Si el Ayuntamiento registra a un irregular, comete una irregularidad.

En nuestro sistema legal tenemos completamente asumido que la realidad es compleja y que no se puede reducir a un único criterio de evaluación. Si un padre no declara en contra de su hijo (que sabe culpable), ¿comete una ilegalidad? Ya sabemos que no. Ysi un abogado no subraya los atenuantes hasta el límite de lo verosímil dejando al margen otras consideraciones que sí tendrá en cuenta el fiscal, ¿comete una ilegalidad? Ya sabemos que no. Entendemos que hay dos lógicas en disputa y la contradicción no nos sorprende.

El tema de la inmigración es especialmente sensible a la existencia de dos lógicas que se incardinan en lo social: la individual y la colectiva. Desde la lógica individual a nadie puede sorprender que un ciudadano ayude a un ser humano en dificultades, e incluso lo oculte de la policía para ello. Y, al tiempo, que este mismo ciudadano, desde una lógica colectiva, sea el primer defensor de la necesidad de establecer controles de entrada en las fronteras. El Estado ha de ocuparse de poner barreras de entrada. El Ayuntamiento, de superarlas. No es incoherencia. Es la vida.