Los extranjeros que tienen tarjeta de residencia han aumentado el 63,33% desde 2005, pero los ocupados han descendido un 27,2%.  El paro extranjero supera las 566.000 personas

España ya no es un lugar ideal para que vengan a trabajar los inmigrantes. En los últimos cuatro años, el porcentaje de trabajadores extranjeros ocupados en relación con los que tienen tarjeta de residencia ha disminuido un 27,2%. Mientras en 2006, un 81,44% de los extranjeros con permiso de residencia en vigor estaba ocupado –trabajaba o estaba temporalmente en paro–, el pasado año, con datos hasta el tercer trimestre, el porcentaje cayó por debajo del 60%, concretamente hasta el 59,28%. Todos los indicadores laborales consultados por LA RAZÓN sobre datos oficiales (paro registrado, EPA y certificados de registro de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración) van en la misma dirección: los extranjeros que llegan a nuestro país no buscan trabajo como sucedía antes del inicio de la crisis económica, incluso en el año 2008.
El tema de la inmigración es uno de los principales problemas que los españoles reflejan en la encuesta de CIS. Según el último dato del INE, en España había 5,598 millones de extranjeros para una población total de 45.967.632, algo más del 12% de la población total. En 2002, esta misma relación se limitaba al 7,87%.

El «boom» económico
¿Qué justifica esta diferencia tan enorme? El esplendor de la economía española hasta el inicio de la crisis económica, en el verano de 2007. A partir de esa fecha, especialmente desde la segunda mitad de 2008, la población inmigrante ha sido la que más alto precio ha pagado. A 31 de diciembre de 2009, según el Ministerio de Trabajo, había registrados en el Servicio Público de Empleo estatal (antiguo Inem) un total de 566.517 parados extranjeros, uno de cada siete. En agosto de 2007 el número de parados extranjeros se situaba en 167.759.
A pesar de las declaraciones oficiales del Gobierno, hay más inmigrantes  en España, más tarjetas de residencia, más parados y una situación más precaria. «En los casi seis años de Gobierno del PSOE, el número de tarjetas de residencia se ha incrementado en más de tres millones de personas, de las que alrededor de 750.000 corresponden a la regularización acordada por el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera. 
Para el Partido Popular, el Gobierno, sin declararlo oficialmente, está permitiendo «regularizaciones encubiertas en los tres últimos años, con récord en 2008, cuando cerca de 958.000 extranjeros entraron en nuestro país», según ha señalado a LA RAZÓN el portavoz de Inmigración del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando. En su opinión, «la actual legislación incentiva la  entrada ilegal de extranjeros a través del ‘arraigo’». Si alguien puede demostrar que ha trabajado en España, aunque sea en la economía sumergida, durante los años que lleva residiendo en nuestro país, tiene a su disposición la tarjeta de residencia. «Entra en España con pasaporte de turista y se acaba quedando».
En diciembre del pasado año, el Congreso aprobó la reforma de la Ley de Extranjería, con el apoyo del PSOE y de CiU. El PP defendió la excepcionalidad del «arraigo» (tener familiares en nuestro país), la necesidad de aplicar un registro de entrada y otro de salida y la obligatoriedad de un visado de búsqueda de empleo durante los meses siguientes a su llegada a España. Con el fin de facilitar la salida de los inmigrantes que se habían visto afectados por la crisis económica, el PP pidió que el tiempo de permanencia en su país de origen no computara a la hora de renovar la residencia en España.
Nada de lo que el Gobierno había previsto en 2008 y 2009 se ha cumplido. El Plan de Corbacho  estimaba que, con incentivos, alrededor de 120.000 inmigrantes podrían regresar a sus países cobrando de una sola vez las prestaciones que les correspondían por desempleo en España. Según los datos que maneja el principal partido de la oposición, apenas 7.000 se han acogido hasta el momento a esa fórmula.
Pero, si la tasa de paro se ha disparado en España hasta niveles del 18% en términos de EPA y uno de cada siete desempleados es extranjero, ¿por qué siguen viniendo a España cuando no hay trabajo? «Por el sistema de protección social». Aunque la entrada en España sea ilegal, los ayuntamientos están obligados a empadronar a cualquier inmigrante que lo solicite. ¿Razones? Desde ese mismo momento, el inscrito entra a formar parte del sistema de protección social: tiene derecho a disfrutar del sistema sanitario y educativo. En otros países como Alemania, la ilegalidad sólo da derecho a la asistencia sanitaria de urgencia.

Economía sumergida
Hace unos días, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, cometió el erro de cuantificar la economía sumergida: el 20% del PIB. Fue recriminado por Salgado. Quizá porque se ha quedado corto. La gente que ahora viene a trabajar a España es consciente de que lo hará en la economía opaca a Hacienda. «Tiene muy difícil pasar a la economía legal por el incremento del paro, en un país que no ha rebajado las cotizaciones sociales y que prepara una subida del IVA», dice Rafael Hernando.

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La Razon

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