Mejor reconsiderar la decisión política que tener que rectificar a fuerza de sentencia judicial. Esta es la advertencia que ayer vino a realizar la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a los ayuntamientos que, como el de Vic (Barcelona), pretenden negar el empadronamiento a los inmigrantes sin papeles o ponerles trabas, como el de Torrejón de Ardoz (Madrid).

El Gobierno aún no da valor de hecho a los planteamientos de ninguno de estos dos gobiernos municipales, pero Fernández de la Vega fue tajante: “Si llega el caso de que se formalice la propuesta, intervendrá la Abogacía del Estado”.

De la Vega recuerda que la abogacía del Estado impugnará la norma

Para el Gobierno no hay duda, ni política, ni social ni jurídica: “La propuesta no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Es contraria a las leyes de Bases de Régimen Local y de Extranjería. Pero, además, no responde a los principios y a la escala de valores de la sociedad española”.

Contra los pisos patera

Vic no está solo. Desde 2008, el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz (116.000 habitantes, y cerca del 18% de inmigrantes), gobernado por el PP, prohíbe empadronarse a los inmigrantes que entraron en España con un visado de turista y les exige además acreditar que disponen de 20 metros cuadrados por persona en la vivienda que habitan para evitar los pisos patera.

El municipio madrileño (PP) se justifica en combatir los pisos patera

“En algunos casos nos hemos encontrado hasta 25 personas empadronadas en un piso de 60 metros cuadrados. Queremos evitar problemas de hacinamiento”, justificó un portavoz municipal.

El ayuntamiento niega cualquier similitud con las medidas de Vic y justifica que si un inmigrante entra en el país como turista, “es un turista” y no se puede empadronar.

El responsable del aula de extranjería del Colegio de Abogados de Madrid, Marcelo Belgrano, recuerda que “el 90% de los inmigrantes que reside en España entra en el país como turista” y que la ley no incluye esta restricción. “El padrón persigue recoger la residencia física habitual de las personas, no su residencia legal. [Torrejón] está primando a quien entra en España de forma irregular”, argumentó.

Belgrano también explicó que la lucha contra los pisos patera que sí recoge la legislación española nunca se debe hacer desde el empadronamiento, sino con inspecciones a las viviendas. Además, el abogado duda de que esa lucha “sea competencia de los ayuntamientos y no de las comunidades autónomas”.

Manuel de la Rocha, diputado socialista por Madrid, afirmó ayer que se trata de “una medida xenófoba, resultado de los discursos que han venido haciendo algunos dirigentes nacionales del PP dirigidos no sólo a limitar la inmigración ilegal, sino, en línea con Berlusconi, a generar actitudes sociales de rechazo a los sin papeles como forma de búsqueda de votos”.

Hace un año, Izquierda Unida denunció el caso ante el defensor del Pueblo y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid por los problemas de escolarización de los niños inmigrantes que provocaba no figurar en el censo. El Defensor del Menor explicó ayer que la institución a la que representa abrió un expediente y que está a la espera de que el ayuntamiento conteste a sus preguntas, informa Europa Press.

Los socialistas madrileños exigieron a Esperanza Aguirre que “ordene inmediatamente al alcalde de Torrejón que cumpla la ley y no promueva una actitud xenófoba hacia los inmigrantes”. IU también exigió al alcalde que “ponga fin a sus políticas xenófobas”.

Por su parte, el consejero madrileño de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, negó “tajantemente” que el Ayuntamiento de Torrejón actúe como el de Vic. El PP madrileño tildó de “hipócritas e irresponsables” a los socialistas por “arremeter” contra las políticas en Torrejón y no criticar a los socialistas que gobiernan en Vic, informa Efe.