La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo movilizará a la Abogacía del Estado si, finalmente, el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa de Vic se niega a empadronar a los inmigrantes ‘sin papeles’, tal y como ha anunciado. Según explicó Fernández de la Vega, el Gobierno considera que esta «iniciativa es contraria a la ley que regula las bases del régimen local y también a la Ley de Extranjería».

La número dos del Ejecutivo recordó que la decisión del consistorio vicense «no tiene cabida en el ordenamiento legal». Además, aseguró que la sociedad española tiene «muy claros sus valores» y que responderá con una «sola voz» ante cualquier amago de recortar los derechos a los extranjeros. De la Vega reclamó a Vic y al otro ayuntamiento que ha planteado excluir del padrón a los irregulares, el consistorio de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, una reflexión porque quizá «no sean conscientes de la respuesta social que ha generado su propuesta» y hayan olvidado que «la ley es muy clara al respecto».

También desde el Gobierno, el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Diego López Garrido, mostró su rechazo a la postura de los responsables políticos de Vic, pero se mostró seguro de que «España va a solucionar este asunto, como pasa siempre, por las vías legales y democráticas». Aún así, explicó que la posición del ayuntamiento catalán es un «toque de atención» sobre lo «mucho que hay que hacer para la integración de los inmigrantes en las sociedades europeas, no sólo en España».

Josep Antoni Durán i Lleida, portavoz en el Congreso de CIU, uno de los partidos que gobiernan en Vic, arremetió contra la vicepresidencia y sus críticas a la «exclusión» que promueve el ayuntamiento barcelonés. En su carta web semanal, Duran puso en duda de que los consistorios que no empadronen incurran en la ilegalidad. «Si la nueva ley de Extranjería expresa que para estar legalmente en España se necesita un pasaporte visado, que si no se tiene se está ilegalmente y que, por lo tanto, procede la expulsión, ¿los ayuntamientos incumplen la ley al exigir lo mismo que la ley de Extranjería pide?», preguntó el nacionalista a la vicepresidenta Fernández de la Vega.

Durán i Lleida recordó que en Cataluña hay pueblos que están «saturados de inmigración» en los que si los responsables políticos no actúan «a favor de los autóctonos y de los inmigrantes legalmente instalados» en el municipio, «el paso a la xenofobia estaría servido por plataformas que hacen sólo de este motivo una razón para existir».

Por su parte, el consejero madrileño de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández – Lasquetty, negó ayer «tajantemente» que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz no empadrone a inmigrantes sin permiso de residencia. «En Torrejón no se veta en absoluto el empadronamiento de las personas que están en situación irregular. Torrejón está cumpliendo la ley que obliga a todos los ayuntamientos españoles a empadronar a todo aquel que resida, con independencia de su situación administrativa», aseveró.