De la Vega insiste en  que si el Ayuntamiento no empadrona a los inmigrantes irregulares, el Estado tomará cartas,

BARCELONA – El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, dio ayer cobertura política a la controvertida iniciativa del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) consistente en no registrar a los inmigrantes irregulares en el padrón para así limitar el acceso a las prestaciones sociales. El Gobierno ha advertido durante todos los días de esta semana al Consistorio de que esta medida es «ilegal» e incluso ha amenazado con que el Abogado del Estado intervendrá en caso de que el veto entre en marcha. Pero, lejos de caer en la disuasión, Duran Lleida defendió la iniciativa de su alcalde correlegionario porque, a su entender, sí que cumple la ley.
«Si la nueva ley de extranjería expresa que para estar legalmente en España se necesita un pasaporte visado, que si no se tiene se está ilegalmente y que, por lo tanto, procede la expulsión, ¿los ayuntamientos incumplen la ley al exigir lo mismo que la ley de extranjería pide?», se preguntó el número dos de CiU en su carta web dirigida a la militancia. Y añadió: «¿Un ayuntamiento puede conocer una ilegalidad y no denunciarla?»
Poner el debate sobre la mesa
La pregunta de Duran demuestra que Vic se ha colado de lleno en la agenda política. Tanto es así que la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez – Camacho, se puso ayer en contacto con el presidente de la Generalitat, José Montilla, para solicitarle una reunión de partidos catalanes centrada en la inmigración. Sánchez – Camacho también se ha dirigido al PP a nivel nacional para tomar las riendas de este debate. En breve, se sucederán las propuestas populares para gestionar el fenónemo.
El objetivo de la líder del PP catalán es unificar criterios». «No puede ser que haya 8.000 criterios para aplicar la ley, tantos como ayuntamientos tiene España», lamentó.