Alerta de que los partidos xenófobos crecerán «si no se actúa a favor de los autóctonos» Barcelona

La decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a los inmigrantes sin papeles está provocando un debate enconado sobre la regulación de los recién llegados en toda España. El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, apoyó ayer a su alcalde.

Duran Lleida acusó al Gobierno de ser incoherente con sus medidas sobre inmigración, después de que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se hayan manifestado estos días en contra de no empadronar a los inmigrantes ilegales.

En la lógica del Ayuntamiento de Vic, Duran afirmó que, si el Gobierno dice que una persona debe tener un visado para entrar en España, no se le puede negar al Consistorio que exija el mismo requisito para empadronarla. «Sería tanto como admitir que el Gobierno está diciendo al Ayuntamiento de Vic que considere legales a las personas que han entrado sin visado», dijo.

Duran subrayó que algunas medidas que recoge la Ley de Extranjería van bastante más lejos que la que está a punto de aprobar Vic. Recordó que el proyecto de reforma de ese texto contemplaba «que cualquier persona que ayudase a un inmigrante ilegal podía ser objeto de detención», y aseguró en RNE que «de esa posición extrema del Gobierno a lo de Vic, que lo que no quiere es certificar la ilegalidad, hay una gran distancia».

«¿Un Ayuntamiento puede conocer una irregularidad y no denunciarla?», se preguntó el líder de Unió Democràtica – partido al que también pertenece el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal – en referencia al padrón.

Además, Duran recordó las circunstancias que han desembocado en la adopción de la medida. La población inmigrante de Vic supera el 25% y la xenófoba Plataforma per Catalunya, liderada por el ultra Josep Anglada, se haya convertido en la segunda fuerza política del Consistorio.

«Si los municipios saturados de inmigración no actúan a favor de los autóctonos y los inmigrantes legalmente instalados, el paso a la xenofobia estaría servido», dijo Duran.

CiU gobierna con PSC y ERC, partidos que, en esa localidad, apoyan la iniciativa de establecer un nuevo modo de actuar con los sin papeles. El empadronamiento es la herramienta que da acceso a la educación y a la sanidad públicas.

Otra cosa muy diferente es lo que sucede con las direcciones centrales de PSC y ERC, y con el tripartito de la Generalitat, que están intentando cada vez menos disimuladamente que el Ayuntamiento de Vic dé marcha atrás. Las juventudes de socialistas e independentistas ya reclamaron ayer solemnemente al Consistorio que retire la iniciativa.

En cuanto a la Generalitat, una de las medidas que se plantea es la redacción de un documento que abogue por unificar los criterios de empadronamiento en todas las poblaciones. Se trata una de las propuestas que el Departamento de Acción Social convino con las dos grandes organizaciones municipalistas de Cataluña y que la Generalitat ya marcaba en la hoja de ruta del Pacto Nacional por la Inmigración, firmado en 2008.

Fuentes del Departamento que encabeza Carme Capdevila (ERC) señalaban ayer que la proposición de Vic de impedir el registro en el padrón de los inmigrantes indocumentados «se aleja» de los acuerdos suscritos con las entidades que representan a los consistorios, entre ellos el que encabeza el democristiano Vila d’Abadal. «No sería correcto que cada municipio decidiera regularizar el padrón por su cuenta porque podría producir casos de indefensión y perjudicaría a otras poblaciones», añaden en ese departamento.

Para suavizar la tensión, una veintena de asociaciones y sindicatos contrarios a la denegación de empadronamiento se reunieron ayer con representantes del Ayuntamiento de Vic. La reunión es la primera que mantiene el alcalde con las organizaciones que velan por los extranjeros que residen en Vic y que redactaron un manifiesto contra el acuerdo que la Corporación aprobará en febrero.

Vila d’Abadal anunció que el lunes se conocerán los detalles del informe externo que ha solicitado al abogado y ex diputado de CiU en el Congreso Miquel Roca. El informe debe determinar si la propuesta del equipo de gobierno se ajusta a la legislación. Asimismo, el Consistorio prevé preguntar sobre el asunto al Gobierno.

Las asociaciones fueron críticas y dejaron claro que abogan porque se retire la medida, aunque agradecieron los gestos de distensión de Vila d’Abadal. Aun así, y en caso de que el texto jurídico no se avenga a su postura, las entidades no descartan actos de protesta.

Por su parte, la presidenta del PP catalán – partido que no tiene representación en Vic – , Alicia Sánchez – Camacho, exigió ayer al presidente de la Generalitat, José Montilla, que «convoque una cumbre de partidos para abrir un debate serio sobre la política de inmigración.

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