El Gobierno valenciano hizo público ayer su rechazo a la propuesta del Ayuntamiento de Vic. El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, tachó de «reprochable» la decisión del consistorio catalán y señaló que la postura del ‘Consell’ es «inequívoca» ante una medida que «vulnera la legalidad vigente» y «no se debe apoyar desde ninguna institución». En está línea aseguró que «en España se puede estar sin papeles, pero no sin derechos».

Todos los alcaldes valencianos preguntados por EL MUNDO al respecto secundaron el rechazo de la Generalitat y aseguraron que no están dispuestos a restringir en sus municipios el empadronamiento de los inmigrantes sin papeles. La mayoría calificó la medida de «ilegal» y «poco ética» mientras que los concejales ‘populares’ no dudaron en culpar a la política del Gobierno de la situación.

El alcalde de Cabanes (Castellón) aseguró que el Ejecutivo central «debería ser más coherente porque todos no caben».

Por su parte, el alcalde de Callosa de Segura (Alicante), Francisco Javier Pérez (PP), reconoció que es un «tema muy delicado» que, si no se aborda pronto, puede acabar «con un problema gordo». «Ya no tenemos más capacidad para recibir a inmigrantes y la gente nos pide por la calle que no los empadronemos», advirtió.

Pese a ello, no hay intención alguna de expulsarlos del padrón. Su presencia también tiene algunos beneficios económicos: ayudan a inflar la población del municipio, que cuenta a la hora de recibir subvenciones estatales.