La Diputación de Álava aseguró ayer que el 80% de los 101 menores extranjeros que se encuentran en sus centros de acogida son sospechosos de tener más de 18 años y su situación legal se encuentra pendiente de resolución administrativa. Esta es la razón por la que, según la diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, el ente foral aun no ha asumido formalmente su tutela, argumento que esgrimieron el jueves distintas ONG de la ciudad para defender la fuga de 26 de estos chicos del centro Bideberri entre el 5 y el 9 de enero pasado.

Solaguren, en una comparecencia en la que se expresó con contundencia sobre el caso, recordó que la Diputación ha seguido de cerca esta fuga organizada, con tres denuncias, dos ante la Ertzaintza y una ante el juzgado de Guardia. “Comprendo la buena fe de quienes han amparado a los menores durante esos días, pero deberían haber puesto en conocimiento de la institución que vela por ellos su paradero”, quiso dejar claro, ante las críticas de que la Diputación no se habían preocupado por los chavales.

La diputada de Servicios Sociales aclaró que los chicos se habían marchado del centro porque se habían negado a cumplir los castigos que se les había impuesto por cometer distintas faltas. “Algunos, por llegar tarde, otros por no asistir a las clases de alfabetización, y una minoría, por mostrarse agresivos con los monitores”, detalló. Según su relato, quienes acuden a estos centros de acogida conocen las normas y cuando entran, las aceptan. “No se puede consentir el incumplimiento de las reglas”, advirtió.

En cuanto al certificado de tutela, indispensable para poder tramitar su permiso de residencia tal y como exige la ley de Extranjería, Covadonga Solaguren insistió en que la Diputación no se lo ha negado a ningún menor. Respondía de este modo al anuncio de la Fiscalía de menores que ha solicitado a la institución foral documentos sobre la situación de todos estos jóvenes. “La tutela se adquiere de forma inmediata en cuanto el menor es acogido por los servicios sociales forales; cuando existen discrepancias sobre su edad, entre la prueba ósea y el pasaporte, la tutela queda en trámite”, añadió.

En esta situación de trámite se encuentran la mayor parte de los internos en los centros alaveses. Durante 2009 han pasado por las casas de acogida de Bideberri o Estibaliz 233 muchachos. Y en este tiempo, la Diputación ha reconocido 27 tutelas y ha expedido 27 certificados de residencia. En la actualidad, están acogidos 101 chicos, el 80% de los cuales son sospechosos de tener más de 18 años, “y de 19 y de 20”, apostilló Solaguren.

La diputada de Política Social recordó la situación extrema que vive Álava con este asunto: “En los dos últimos años, ha habido un incremento del 450% en los menores que han solicitado acogida en Álava, un territorio de 315.000 habitantes”. Pidió, una vez más, la necesidad de una política única para toda España para comprobar la edad de los menores y para organizar su estancia.

Asimismo, como explicación de este efecto llamada de menores inmigrantes que vive Álava, destacó la calidad de los centros de acogida, que cuentan con un programa educativo avalado por las Juntas Generales y el Consejo del Menor. Reivindicó la labor de los monitores y recordó que, cuando los 26 fugados regresaron a Bideberri, les estaban esperando 19 educadores para mantener tutorías individuales con el fin de reconducir el caso.