Sorprende el lío político de la reforma del padrón de Vic consistente en comunicar a las autoridades competentes las altas de residentes irregulares cuando quien decide sobre extranjería o el padrón es el Estado. Los ayuntamientos, como en muchos otros temas, se limitan a cumplir y gestionar. Las cosas claras: quien puede y debe cambiar esto no es el Ayuntamiento de Vic, que no puede ni queriendo, sino el Estado. La idea es simple: debemos tener recursos para prestar los servicios obligados por ley y, para ello, debemos saber quién puede y debe ser su destinatario. La misma idea de la normativa de extranjería y de la financiación autonómica. No olvidemos que el padrón es la base de la prestación de servicios locales. Es lícito y obligado que un ayuntamiento intente ajustar su prestación de servicios (dicho de paso: insuficientemente financiada por Estado y Generalitat) a su padrón porque a ello le obliga la ley.

Sorprende, pues, el alud de críticas desde Estado, Generalitat y partidos políticos varios, porque usan una doble vara de medir: lo que les vale a escala estatal y autonómica no les vale a escala local. El buenismo inmigratorio de boquilla (un estilo propio de los brindis al sol hechos con una mano) y la xenofobia reglamentaria de los mismos buenistas que con la otra mano votan la ley de Extranjería se dan de bruces en el ámbito local, al que además es fácil criticar desde la Generalitat cuando esta se ampara en que no tiene competencias en el tema. No olvidemos tampoco cómo las gastan los buenistas a la hora de castigar a quien acoge a inmigrantes llegados en pateras o de deportar a extranjeros irregulares – drogándolos y en avión, o enviándolos en autocar a pueblos de Lleida… o a la plaza Catalunya-.

Vic es un ejemplo de intento desesperado de un ayuntamiento nada sospechoso de xenofobia y sí de innovador (véanse los espacios de bienvenida educativa o la Oficina Municipal d´Acollida) de cuadrar sus obligaciones de prestación de servicios con la realidad de sus gentes.

Seamos serios, ¿por qué condenar de entrada este intento sin haber analizado antes sus pros y contras? ¿Por qué quienes critican no modifican la ley estatal de Extranjería y la ley de Bases del Régimen Local? ¿Por qué se quiere ver la paja en el ojo del Ayuntamiento de Vic y no se quiere ver la viga en el ojo de la ley estatal de Extranjería?