El Ayuntamiento deja para el mes de febrero la puesta en marcha de la medida, a la espera de un informe que la valide.

La gélida mañana que se vivió ayer en Vic (Barcelona) contrastó con la calurosa sesión del pleno de su ayuntamiento. La iniciativa del gobierno municipal de no empadronar a los inmigrantes ilegales suscitó tanta expectación como controversia. El Ayuntamiento de Vic, controlado por CiU, PSC y ERC, reiteró la legalidad de esta propuesta y decidió tirar hacia adelante con su medida, pese a las exigencias de dar marcha atrás de la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega y del ministro Celestino Corbacho. Sin embargo, el titular de Justicia, Francisco Caamaño, apostó por esperar al informe de la Abogacía del Estado antes de juzgar la decisión de Vic.
El alcalde de la localidad, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), argumentó que su iniciativa cuenta con el aval de sus servicios jurídicos. No obstante, anunció a la multitud de periodistas que abarrotó la pequeña sala de plenos que pedirá otro informe jurídico externo para certificar la legalidad de esta normativa. La polémica propuesta podría entrar en funcionamiento el próximo 4 de febrero, cuando se celebre el siguiente pleno municipal.
«La voluntad del equipo de gobierno es que la inmigración no sea algo negativo sino positivo para el municipio», aclaró el alcalde Vic, donde el 25,5 por ciento de los habitantes son inmigrantes. «Los inmigrantes ilegales – que representan entre un 2 y un 3 por ciento– no pueden trabajar y por eso no les podemos empadronar. Mi obligación es hacer cumplir la ley», reiteró  Vila de Abadal, que recibió el apoyo de sus socios de gobierno PSC y ERC, así como el del partido de la oposición de corte xenófobo, Plataforma per Cataluña.
Por su parte , el concejal de PSC en el Consitorio, Josep Brugaya, aseguró que «los nuevos criterios cumplen de forma estricta con la normativa estatal» y consideró que «pedir el visado para empadronarse es de sentido común». Sin embargo, para cubrirse las espaldas y poder retirar su apoyo a tiempo, Brugaya avanzó que «solamente en el caso de que una administración de ámbito superior demuestre la ilegalidad de la medida con un informe jurídico , el PSC retirará su apoyo».
La postura del concejal socialista fue suficiente para que la dirección de su partido –que comparte las directrices del Gobierno– anunciara que no piensa expedientar a ningún edil. El concejal y presidente de la Plataforma per Cataluña, Josep Anglada, celebró con un discurso xenófobo la postura del alcalde para combatir la inmigración ilegal.