Los abogados recuerdan que los extranjeros están obligados a registrarse
 

La negativa del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) a inscribir en su padrón municipal a los inmigrantes ilegales puede salirle cara al equipo de gobierno de CiU, PSC y ERC. Jueces y abogados reprueban la decisión e incluso ponen en tela de juicio la ilegalidad de la misma.
Así, Las asociaciones de magistrados Jueces para la Democracia (JPD) y   Francisco de Vitoria tildan, directamente, de «ilegal»  la medida anunciada porque sus consecuencias son «contrarias a derecho». En este sentido, el portavoz de JPD, Miguel Angel   Jimeno, sostiene que interpretar que un extranjero por su condición irregular no puede ser considerada residente de un municipio es «ignorar la existencia de estas personas y colocarles en una situación de aún más marginalidad».  
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y   Magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, recordó, en declaraciones a Ep, que «la legislación obliga a empadronar a cualquier persona residente física en un municipio, simplemente con acreditar domicilio en el mismo».
Mientras, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) mantiene que esa iniciativa roza la ilegalidad, ya que «la actuación municipal denegatoria de la inscripción padronal, a sabiendas de la injusticia de su resolución, podría llegar a incurrir en infracción de algún precepto de la legislación penal».
En un comunicado, el organismo presidido por Carlos Carnicer  recuerda que la Ley de Bases de Régimen Local obliga a «toda persona que viva en España» a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Además, añade que la Ley de Extranjería «recoge la obligación de los ayuntamientos de incorporar al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio». En consecuencia, el Consistorio  está impelido por ley a inscribirle «adquiriendo de esta forma la cualidad de vecino del municipio».
Por otra parte, el Colegio de Abogados de Madrid también abundó ayer en esta polémica cuestión. Su decano, Antonio Hernández Gil, aunque precisó que no conocía a fondo la decisión del Ayuntamiento de Vic, afirmó que su Corporación preside defiende que se haga «todo lo posible por salvaguardar los derechos constitucionales» de los inmigrantes residentes en España.