Con el Gobierno y la oposición completamente divididos sobre la prohibición del burka, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha optado por contemporizar y ganar tiempo. Sarkozy ha anunciado una resolución parlamentaria «sin ambigüedad» condenando el velo integral con el que se cubren unas 2.000 musulmanas en el país, y una «adaptación legislativa» posterior sin precisar si se tratará de una nueva ley. Para buscar un consenso, la decisión final se ha aplazado hasta después de las elecciones regionales del próximo mes de marzo.
Sarkozy intenta también evitar una fractura con la comunidad musulmana, que en su mayor parte rechaza este símbolo del islam radical pero que juzga contraproducente una prohibición como la planteada por el presidente del grupo parlamentario de la mayoría de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), Jean François Copé, que propone multar con 750 euros a las personas que se cubran completamente el rostro. Aunque no hay estadísticas oficiales –la República impide clasificar a los ciudadanos en función de su religión o su origen étnico–, se calcula que más de cinco millones de musulmanes residen en Francia.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS / A la espera de las conclusiones de la comisión parlamentaria, que durante más de dos meses ha entrevistado a todas las partes implicadas, Sarkozy opta por una declaración de principios del Parlamento que refuerce la defensa del ideario republicano. El jefe del Estado ha reiterado que «el burka no es bienvenido en el territorio francés», por lo que no cierra la puerta a «un dispositivo legislativo» que prohiba el velo integral.
Pero no solo se trata de una cuestión delicada desde el punto de vista de la convivencia, sino también desde la óptica legal. El primer ministro, François Fillon, indicó ayer tarde que, después de una declaración «firme», deberán articularse los textos legislativos y reglamentarios para aplicarla teniendo en cuenta que deben ser compatibles con la Constitución y la jurisprudencia europea.

EVITAR UN CORRECTIVO / Después de que el Consejo Constitucional haya tumbado aspectos fundamentales de dos leyes emblemáticas como la elaborada contra la piratería en internet o la tasa sobre las emisiones de carbono, Sarkozy quiere evitar un correctivo que le resultaría especialmente enojoso.
El presidente francés también quiere estar seguro de no perder un posible recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Sarkozy desea igualmente evitar cualquier acusación de electoralismo, algo que sería inevitable cuando faltan solo dos meses para las elecciones regionales. Esta cita con las urnas constituye el último pulso electoral entre la derecha y la izquierda antes de las presidenciales del 2012.