Creo recordar que fue doña Concepción Arenal quien dijo un día que el grado de humanidad de una sociedad se mide por cómo trata a las personas recluidas en prisión. Aceptado ya en las modernas sociedades democráticas que los presos han de tener garantizados todos los derechos que sean compatibles con su privación de libertad, bien podría afirmarse actualmente que aquella humanidad de la que hablaba la gran reformadora de las prisiones españolas se mide hoy por cómo tratamos a nuestros inmigrantes.

No haré, por supuesto, demagogia: la inmigración es un fenómeno socialmente complejo que puede estar en el origen de múltiples problemas para los países a los que llegan los extranjeros si los traslados de población son masivos y se producen sin ningún tipo de control.

Como es bien conocido, España ha recibido una de las mayores oleadas migratorias que se han producido en Europa – y muy probablemente en el mundo – en los últimos diez años. Que el ayuntamiento de Vich tenga hoy un 24% de población extranjera y que la misma se distribuya entre casi 90 nacionalidades es, sin duda, fruto de esa situación, en la que se combinó el efecto reclamo del gran crecimiento económico español y la política tolerante de unos Gobiernos que convirtieron nuestras fronteras en un auténtico coladero para millones de desheredados de algunas zonas del planeta.

Nadie, salvo los necios o los frívolos, podía pensar que la crisis económica no iba a generar, antes o después, algún tipo de conflicto con los inmigrantes ilegales que no pudieron acogerse a ninguna de las sucesivas regularizaciones producidas en España.

Pero lo más difícil de prever era que los problemas fueran a provocarlos las autoridades que tienen la obligación de resolverlos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Vich, con esa irresponsable e inadmisible decisión de no empadronar a los ilegales, a sabiendas de que de tal empadronamiento depende su derecho a las prestaciones que cualquier ser humano debe tener garantizadas: la sanidad y la educación, sin ir más lejos.

La cuestión no tiene, por lo demás, vuelta de hoja. Criticado como se merece un consistorio que al parecer vive preso de la obsesión de CiU, ERC y el PSC por competir en elecciones con un grupo ultraderechista que ha hecho de la xenofobia su bandera de enganche principal y constatado que, de hacer el Ayuntamiento de Vich lo que ha anunciado, su nombre deberá escribirse a partir de entonces con B (de barrabasada, de burrada y de barbaridad), el Gobierno y los partidos deben dejar claro que impedirán a la corporación catalana hacer lo que pretende. Pues si la ley lo permitiera, lo que es más que dudoso, la ley debería ser reformada de inmediato. Así de simple.