José Luis Rodríguez Zapatero y dos pesos pesados de su Gobierno, la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, arremetieron con dureza ayer contra la decisión del Ayuntamiento barcelonés de Vich de negar el empadronamiento a los inmigrantes irregulares. El presidente del Gobierno señaló que los inmigrantes sin papeles son «seres humanos» y, como tales, tienen «derechos». No quiso anticipar si su Gobierno tomará alguna medida, pero adelantó que mantendrá una postura «firme» a la hora de defender la convivencia y la integración, que son las bases para «una buena convivencia democrática». Otra política, añadió, es «de corto alcance».

La vicepresidenta, a su vez, desautorizó por tercer día consecutivo la iniciativa del consistorio catalán. «Algún intento aislado de orillar la legalidad, ignorando esos derechos y esa voluntad de integración de todos que la ley consagra y dando marcha atrás en conquistas que son conquistas de ciudadanía, debe estar necesariamente condenado al fracaso», afirmó Fernández de la Vega en Barcelona, tras reunirse con el presidente José Montilla. La número dos del Gobierno socialista sostuvo que su opinión y no la actuación del equipo de gobierno de Vich refleja el «sentir de la gran mayoría de los catalanes, de los españoles y de los europeos».

«Disparate»

Pérez Rubalcaba, como máximo responsable de la política de inmigración, calificó de «disparate» la controvertida reforma de los criterios del padrón en Vich. «Soy el encargado de combatir la inmigración ilegal y lo hago, consistentemente y a veces con conflictos y es verdad que sacamos muchos inmigrantes ilegales, los repatriamos, pero negarle la sanidad o la educación a los hijos me parece un disparate y una barbaridad», afirmó. Mientras, la Generalitat descartó ayer llevar el asunto a los tribunales y dejó al descubierto que Gobierno central y Generalitat discrepan sobre cómo abordar la polémica.