José Luis Rodríguez Zapatero y dos pesos pesados de su Gobierno, la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, arremetieron ayer con dureza contra la decisión del ayuntamiento barcelonés de Vic de negar el empadronamiento a los inmigrantes sin papeles.

El presidente del Gobierno señaló desde la capital eslovaca que son «seres humanos» y, como tales, tienen «derechos». No quiso anticipar si su Gobierno tomará alguna medida, pero adelantó que mantendrá una postura «firme» a la hora de defender la convivencia y la integración, que son las bases para «una buena convivencia democrática». Otra política, añadió, es «de corto alcance».

La vicepresidenta, a su vez, desautorizó por tercer día consecutivo la iniciativa. «Algún intento aislado de orillar la legalidad, ignorando esos derechos y esa voluntad de integración de todos que la ley consagra y dando marcha atrás en conquistas que son conquistas de ciudadanía, debe estar necesariamente condenado al fracaso», afirmó Fernández de la Vega en Barcelona tras reunirse con el presidente catalán, José Montilla.

En la misma, Pérez Rubalcaba calificó de «disparate» la controvertida reforma de los criterios del padrón en Vic. «Soy el encargado de combatir la inmigración ilegal y lo hago, consistentemente y a veces con conflictos y es verdad que sacamos muchos inmigrantes ilegales, los repatriamos, pero negarle la sanidad o la educación a los hijos me parece un disparate y una barbaridad», afirmó.

Mientras, la Generalitat se mostró menos enérgica en su rechazo y valoró positivamente que el consistorio catalán haya pospuesto esta medida hasta un pleno municipal el 3 de febrero.