José Luis Rodríguez Zapatero y dos pesos pesados de su Gobierno, la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, arremetieron ayer con dureza contra la decisión del ayuntamiento barcelonés de Vic de negar el empadronamiento a los inmigrantes irregulares y aseguraron que velarán por los derechos de los ‘sin papeles’. El juez Baltasar Garzón fue más allá y dijo que la decisión «huele a xenofobia».