Lejos de menguar, el frente que la Diputación tiene abierto con el problema de los menores extranjeros no acompañados (‘menas’) aumenta por momentos. Ayer le tocó el turno a una veintena de colectivos sociales alaveses, que denunciaron «presuntas y reiteradas violaciones de los derechos fundamentales de estos chicos» durante su estancia en centros de acogida de la institución foral. Vulneraciones, por ejemplo, referidas a su «dignidad e integridad, castigos desproporcionados, violaciones de la libertad cultural y religiosa, a una alimentación adecuada, presiones psicológicas y sometimiento al estrés». Sólo se habla de generalidades porque el asunto, delicado, afecta a menores de edad.

El contexto de estas duras manifestaciones es la «fuga» del centro foral Bide Berri (junto a Molinuevo) que protagonizaron 24 chavales entre el 5 y el 9 de enero por no acatar un castigo impuesto a tres chicos por no acudir a clase, y además intentar agredir a un monitor. Esto, siempre según la versión oficial del Departamento de Política Social y Servicios Sociales. Finalmente, regresaron al centro la noche del viernes tras dormir, como adelantó ayer EL CORREO, en la estación de autobuses, en casas particulares de «gente solidaria» y en la iglesia del Buen Pastor de Zaramaga.

Para las ONGs no hubo tal fuga, sino que los chicos se marcharon «descontentos» por el trato que reciben. Reconocieron, en este sentido, que les acogieron los días en los que estuvieron fuera del centro foral tras habérselos encontrado en la calle. Acudieron al Ararteko, a las Juntas Generales, pidieron en balde reunirse con la diputada del área, Covadonga Solaguren… «Lo hicieron sin que ninguna instancia pública, al parecer, actuara de manera pronta y efectiva para resolver la situación», agregaron en un comunicado de dos folios y firmado, entre otros, por SOS Racismo, Comunidades Cristianas Populares, la Coordinadora de Inmigrantes, Salhaketa, Elkartzen o los sindicatos ESK o LAB.

Supuestos menores

Como ya hicieron hace algunas semanas, estos colectivos denunciaron la «estrategia política» de la Diputación de no dar las órdenes de tutela a chicos que incluso llevan 16 meses residiendo en centros forales «condenándoles a ser unos sin papeles cuando cumplen los 18». Según la ley, recalcan, el Ejecutivo foral «está obligado a dársela en un plazo máximo de tres meses». De lograr esta documentación, los chicos serían legalmente inscritos en el censo y podrían optar a todos los servicios públicos básicos del sistema. De forma irónica, «felicitaron» a la Diputación porque con su «estrategia» de no darlas, ha logrado mitigar el efecto llamada en los últimos meses – Euskadi es una de las comunidades que más chavales acoge en sus centros, hasta el punto de saturarlos – .

El Gabinete Agirre, que ayer prefirió mantenerse en silencio, justificó en su día esta decisión en la existencia de una treintena de casos en los que existen «dudas razonables» sobre la supuesta minoría de edad de los ‘menas’ acogidos en Vitoria. No es extraño toparse con chicos que aquí tienen un pasaporte, pero que hace meses fueron registrados en Canarias con otro y en el que se decía que tenían incluso 31. Estos casos se encuentran desde hace semanas en los tribunales.