La decisión del Ayuntamiento de Vic de verificar la identidad documentada de los inmigrantes que soliciten empadronarse en la localidad antes de proceder a su registro y de exigirles la referencia de una vivienda sin tener en cuenta las vicisitudes que hayan afrontado hasta llegar a su destino constituye una medida que desborda la legalidad vigente. Y ello aunque aparente ser coherente con la progresiva regularización de su situación en nuestro país. Es probable que el alcalde de la cabecera de comarca de Osona crea responder así a la inquietud que entre la población de la zona suscita la afluencia descontrolada de inmigrantes. Pero lo que resulta inadmisible es que el Consistorio que dirige trate de ir más allá de lo establecido en la Ley de Extranjería para, supuestamente, contentar a los vecinos mediante una norma local de excepción cuya sola existencia disuada a muchos inmigrantes de trasladarse a Vic. Cuando lo relevante, además de permitir el acceso a los servicios que lleva aparejado el empadronamiento, es que éste se rija por los mismos criterios en todos los municipios de España.