RAFAEL RAMOS – Londres. Corresponsal
Laboristas y conservadores británicos están de acuerdo en el objetivo de restringir la inmigración al Reino Unido como respuesta a varios factores: su notable aumento en los últimos años, la crisis económica, el paro, la presión sobre los servicios públicos y la ampliación de la Unión Europea (que conlleva el derecho de sus ciudadanos a residir en cualquier país miembro). La diferencia es que el Gobierno se limita a establecer criterios más estrictos para el ingreso legal, mientras que la oposición pretende imponer cuotas numéricas.

El Labour ha establecido el sistema del carnet de puntos para los inmigrantes, basado en el modelo australiano, y que concede prioridad para emigrar a Gran Bretaña a quienes cumplen una serie de requisitos – trabajos cualificados, conocimiento del inglés, etcétera-.La idea es ajustar la oferta a la demanda, dando más facilidades a los médicos, empresarios y científicos que a las enfermeras, maestros y técnicos, y dejando en el peldaño más bajo del escalafón a los albañiles y mano de obra no cualificada. Los aspirantes a emigrar son objeto de un examen para demostrar su integración a la cultura del país, y deben pagar una cantidad importante de dinero por los trámites de la solicitud.

Lo que nadie contempla es la restricción del acceso a la medicina, la educación y otros servicios públicos a quienes ya están en el país, legal o ilegalmente, con visado o sin él, algo que iría radicalmente en contra de la tradición de este país. Los residentes en el Reino Unido sólo tienen que registrarse ante el médico de cabecera de su barrio para ser atendidos, y pueden llevar a sus hijos al colegio público sin presentar documento alguno.