EUSEBIO VAL – Roma. Corresponsal
El debate público sobre la inmigración vuelve a estar al rojo vivo en Italia después de los graves incidentes de índole racista habidos hace pocos días en Rosarno (Calabria). Los temporeros africanos que trabajaban en la recolección de cítricos protagonizaron una revuelta tras ser tiroteados por jóvenes locales. Estalló en toda su virulencia la desconfianza y los prejuicios de la población autóctona y la rabia de los inmigrantes, que recibían sueldos de miseria y vivían en campamentos inmundos. Durante dos días se vivieron escenas de guerrilla urbana, una situación que culminó con el traslado forzoso de los inmigrantes a centros de acogida de otras ciudades.

En Italia, donde las normas sobre los inmigrantes clandestinos se han endurecido con el actual Gobierno de Silvio Berlusconi, no es posible empadronarse en una ciudad sin poseer un permiso de residencia en regla, fruto antes de un visado legal de entrada en el país.

El Parlamento italiano está estudiando una reforma de la ley de Ciudadanía. El texto presentado por los partidos de la mayoría gubernamental – Pueblo de la Libertad (PdL) y Liga Norte-haría más difícil a los extranjeros adquirir la nacionalidad italiana. Sobre todo la Liga Norte, donde anidan tendencias xenófobas, se niega a dar automáticamente la ciudadanía a los hijos de inmigrantes ya nacidos en Italia. Insisten en exigir una serie de requisitos. Algunos sectores del PdL son más flexibles.

Justo ayer el diario La Repubblica publicó un reportaje de tres páginas en el que vaticinaba que Italia se paralizaría si los inmigrantes – que generan casi un 10 por ciento del PIB-dejaran de trabajar. Una de cada diez familias, por ejemplo, depende de un cuidador foráneo para algún miembro anciano.

También ha provocado debate el reciente anuncio de que se limitará al 30 por ciento el número de alumnos extranjeros en las aulas escolares.