JOSEP PLAYÀMASET – Barcelona

MANIFIESTO Las entidades de Vic piden la retirada de la propuesta y reunirse con el Consistorio

ALBERTO FERNÁNDEZ(PP) Pide al Ayuntamiento de Barcelona que controle el padrón y le dé acceso a la policía
En tiempos de crisis se recrudece el debate sobre la inmigración. Es una constante en toda Europa y parecía que en Catalunya se había obviado, incluso que el Pacte Nacional per a la Immigració había sellado la unidad de las fuerzas políticas, hasta que ha llegado la propuesta del Ayuntamiento de Vic. La decisión de no empadronar a los inmigrantes sin visado ha abierto fisuras en el panorama político.

El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha reclamado al Ayuntamiento de Barcelona que verifique los datos que se aportan para empadronarse yhaga efectivo el acceso de la policía para “controlar y actuar contra las mafias”. Alberto Fernández ha manifestado su temor a que “en Barcelona haya un efecto llamada de inmigrantes ilegales” por lo que considera falta de rigor en el padrón.

Del resto de los partidos, Unió Democràtica de Catalunya se ha puesto del lado del alcalde de Vic, que milita en ese partido. Y CDC, ERC y PSC se han limitado a exigir el cumplimiento de la ley sin exigir responsabilidades a sus dirigentes locales que apoyan la medida. Sólo ICV, los sindicatos CC. OO. y UGT y las entidades de inmigrantes y las que trabajan con ellos, como Cáritas, se han opuesto rotundamente y han pedido su retirada. La postura más radical la adoptó ayer el Movimiento contra la Intolerancia que instó a la Fiscalía General del Estado a actuar de oficio cuando se produzca un caso de discriminación. “Esta decisión se ubica en la perspectiva del crecimiento de la intolerancia que se está produciendo en Europa”, dijo su presidente Esteban Ibarra.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, ha calificado de “juego electoralista” la actitud de CiU, PSC y ERC en Vic, y ha advertido que puede suponer un “peligro” ya que otros municipios pueden verse tentados a seguir sus pasos. La Plataforma per Catalunya, la organización xenófoba que lidera Josep Anglada, se ha alegrado de la noticia.

El alcalde Jordi Vila d´Abadal y toda la ciudad de Vic no salen de la sorpresa por la repercusión ciudadana, mediática y política, que ayer culminó con las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno. Desde el Ayuntamiento se intenta explicar una y otra vez que es una medida que sólo afectará a un 2% de los inmigrantes, aquellos que llegan realmente sin documentos y sin visado de entrada. Ayer incluso se dio otro paso atrás al señalar el alcalde que se trata de “una instrucción interna”, e incluso otras fuentes dijeron que sólo sería verbal.

Pero en Vic, desde Cáritas o el Casal Claret hasta las asociaciones de senegaleses, ghaneses, ecuatorianos, musulmanes e indios han firmado un manifiesto en el que piden “la retirada inmediata” de estos nuevos criterios de empadronamiento al considera que son “ilegales y gravemente discriminatorios”. También han pedido una reunión urgente con el equipo de gobierno municipal y reclaman que no se les margine en la toma de decisiones. Conscientes también de la trascendencia de este conflicto, las 25 entidades firmantes reclaman a todas las administraciones que “intensifiquen su esfuerzo y apoyo a favor de las poblaciones con mayores índices de inmigración y de las políticas a favor de la igual dad de oportunidades, proporcionando las debidas dotaciones económicas y de medios materiales y humanos, para preservar, antes que nada, la paz social”. Joan Vera, responsable diocesano de inmigración de Vic, lamenta que estas decisiones “polarizan las actitudes y no ayudan ni a la convivencia ni a hacer pedagogía”.

La reacción de mayor calado vino de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, quien recordó al alcalde de Vic, Josep Maria Vila d´Abadal, que no es “razonable” que una corporación tome decisiones unilaterales que “no están en el marco de la ley” sobre el padrón. “Hay que sujetarse a la ley”, señaló De la Vega. También añadió que durante este primer semestre el Gobierno se marcará como objetivo prioritario avanzar en la integración.

Según los responsables del PSOE, “la ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece que para la inscripción de extranjeros en el padrón, la única documentación exigible es el número de tarjeta de residencia en vigor, el número de documento de identidad o el número de pasaporte en vigor”.

En ningún caso la nueva ley de Extranjería modifica la obligación que tienen los ayuntamientos de empadronar.

La reacción de la Generalitat fue más prudente. “No conocemos que haya una propuesta específicamente formulada”, dijo el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Y añadió: “No hay una tutela estricta sobre lo que hacen los Ayuntamientos” por parte de la Generalitat.

Al preguntársele sobre si el Govern actuará en el caso de confirmarse de que estas medidas puedan vulnerar la legislación vigente, Tresserras dijo: “Ya lo veremos”, ya que “son temas de fondo de gran complejidad que quedan agravados por la crisis económica, y cuesta mucho tomar la posición adecuada”.

Por su parte, la consellera de Treball, Mar Serna, recordó que todos los municipios tienen la obligación de inscribir en el padrón a las personas que viven en su territorio. Y recordó que precisamente la Generalitat y las dos entidades municipalistas (Federació de Municipis de Catalunya y Associació Catalana de Municipis i Comarques ) acordaron en el marco de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración, que se creó tras el Pacto Nacional para la Inmigración, cuál debía ser la documentación mínima que deben aportar los inmigrantes cuando quieren empadronarse.

Más preciso y contundente se mostró ayer el secretario para la Inmigració, Oriol Amorós, en declaraciones a este diario: “Desde el punto de vista jurídico, el artículo 15 de la ley de Bases del Régimen Local dice que deberá inscribirse obligatoriamente en el padrón a toda persona que resida en el municipio; y el artículo 16.2 dice que los extranjeros deberán acreditar solo su identidad, y para ello basta la tarjeta de residencia o el pasaporte, y el lugar donde viven”. Incluso recordó que la jurisprudencia actual permite justificar ese último requisito a partir de los contratos de suministro o un documento de los trabajadores sociales". Amorós señaló también que desde el punto de vista de la gestión política, “el padrón es un registro administrativo que permite conocer quién vive en el municipio y atender sus derechos de salud, educación y en el proceso de arraigo”.

Para obtener la tarjeta sanitaria o matricular un niño en una escuela es actualmente necesario disponer del padrón. Son derechos que en España siempre se han reconocido a todos los inmigrantes, al contrario que en otros países. De momento sólo el PP de Badalona ha cuestionado este principio fundamental.