Procedían de Brasil y Europa del Este. Trabajaban de sol a sol, sin papeles y estaban obligadas a vender droga para aumentar las ganancias de sus jefes. Hasta que dijeron basta. Varias denuncias anónimas de prostitutas pusieron a la policía en la pista de dos redes de explotación sexual asentadas en clubes de alterne de Andalucía, algunos radicados en Málaga y Torremolinos, por los que, según las sospechas policiales, pudieron pasar más de mil mujeres. En la operación fueron detenidas medio centenar de personas que formaban parte del entramado mafioso.

Están acusadas de delitos relativos a la prostitución y contra la salud pública.

El primer grupo actuaba en tres prostíbulos ubicados en Málaga, Córdoba y Torremolinos. Estaba constituido por 38 personas, entre los que se encontraban los ‘capos’ de la organización, el dueño de los burdeles, los encargados, las mujeres que controlaban a las prostitutas – conocidas como ‘mamis’ – , los porteros y tres proveedores de droga.

Las víctimas estaban obligadas a rotar en estos locales en periodos de 21 días, trabajaban jornadas superiores a las 12 horas durante al menos seis días a la semana y debían atenerse a las estrictas normas de los establecimientos, en cuanto a la vestimenta y el número de servicios sexuales. Pero las vejaciones no acababan ahí. Conocida la demanda de estupefacientes por parte de los clientes, la red exigía que las meretrices hicieran las veces de ‘camellos’ y vendieran cocaína y heroína.

El segundo grupo trabajaba en casas de alterne de Almería, donde las mujeres se encontraban en situación de semiesclavitud. Debían permanecer las 24 horas del día en los locales y sólo podían salir a la calle dos horas y con autorización previa. Pagaban 20 euros por el uso de una cama litera que era compartida con otras diez chicas y sólo percibían la mitad de lo que cobraban por los servicios sexuales.

Obligadas a vender droga

Pero su particular vía crucis tampoco acababa ahí. También tenían que vender droga a sus clientes y en ocasiones les obligaban a consumirla para permanecer activas. Además, los beneficios de esta venta se los llevaban de forma íntegra sus jefes. La intervención policial permitió detener a doce personar y practicar siete registros en los que se intervinieron 4.000 euros, siete gramos de cocaína, ordenadores y diversa documentación.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, agradeció ayer el valor de las delatoras y recordó que la ley protege a las meretrices en situación irregular que vencen el miedo y denuncian su explotación. En concreto, les puede permitir el estatus de testigo protegido, les facilita el permiso de residencia en España o la repatriación a sus países si lo requieren.