El municipio, en manos de CiU, PSC y ERC, quiere prohibir su empadronamiento Barcelona

El líder de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, se dice «sorprendido» porque CiU, PSC y ERC se planteen negar el empadronamiento a los inmigrantes sin papeles en Vic. «Nos están dando la razón», sentencia satisfecho. Anglada piensa que la decisión del Ayuntamiento de la capital de Osona de impedir la inscripción a los recién llegados que no demuestren que han regularizado su estancia en España legitima los postulados que esgrime la formación, que está vinculada a partidos de la ultraderecha europea.

La polémica propuesta del Gobierno municipal se debatirá este miércoles en el pleno del Ayuntamiento.

«Apoyamos la medida porque nos refuerza y da credibilidad», ha indicado Anglada, que encabeza con cuatro concejales la oposición en el Consistorio de Vic, gobernado por una coalición de nacionalistas, socialistas y republicanos.

En noviembre de 2003, la plataforma PxC presentó una moción similar a la que el Ayuntamiento debatirá ahora, en la que planteaba que se delatara a los sin papeles a la Policía, pero fue rechazada por el resto de partidos con duras críticas. El partido ultra presento esa misma propuesta en Manlleu, Cervera y El Vendrell, donde tampoco tuvo éxito.

A su vez, Anglada ha asegurado que la proposición del tripartito que lidera el democristiano Josep Maria Vila d’Abadal ampara el discurso extremista de la Plataforma, que presentará lista en las elecciones autonómicas de noviembre. Según Anglada, «a los ilegales se les debe perseguir, detener y expulsar».

Vic es una de las ciudades del interior de Cataluña que acoge un mayor porcentaje de población foránea: en la actualidad, los extranjeros son unos 9.000, el 23% de los habitantes de la ciudad, una media que ha crecido cinco puntos en siete años.

El endurecimiento de los criterios del padrón ha sido tachado de discriminatorio por organizaciones como SOS Racisme y CCOO, y ha causado alarma en numerosas entidades del municipio que ofrecen ayuda a los inmigrantes. El Síndic de Greuges – el Defensor del Pueblo catalán – ha abierto una investigación de oficio para estudiar si la propuesta podría vetar el acceso a los recién llegados a los servicios básicos, y las ejecutivas del PSC y ERC se han desmarcado de sus ediles en Vic.

La modificación se debatirá el miércoles en el pleno del Ayuntamiento, y Anglada ha anunciado que se aliará con los partidos del Gobierno, aunque duda de que los regidores de PSC y ERC se mantengan a favor de la postura. «Es una medida tomada para salir en la foto, para decir que hacen algo para controlar la inmigración», sostiene el presidente de PxC.

Aunque con otros matices, quien no sale de su asombro es el edil de ICV en Vic, Xavier Tornafoch, que fue expulsado del equipo de Gobierno tras disentir de la apertura de aulas de acogida para escolares extranjeros.

«El alcalde siempre ha demostrado ser sensible a la inmigración, sólo se puede entender como una decisión con vistas a las municipales, para arañar votos del electorado de Anglada», dijo Torhafoch, que el miércoles presentará una propuesta urgente para reclamar la retirada de la petición del equipo de Gobierno.

El edil de ICV en Vic define de «error monumental» optar por «perseguir» a los inmigrantes indocumentados, aunque evita equiparar «los objetivos y la sensibilidad» de CiU, PSC y ERC con los de PxC. «Es una opción electoralista y peligrosa, porque es un guiño a la política de la Plataforma, tendremos un padrón menos fiable y sitúa a Anglada en primera línea», argumenta el concejal, que lamenta que los principios de PxC «calen» en Vic.

Corbacho avisa de que es «ilegal»

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho fue ayer rotundo: el decreto del Ayuntamiento de Vic que dificulta el empadronamiento de los inmigrantes sin permiso de trabajo o residencia es «ilegal». No sólo eso, sino que Corbacho añadió que, de entrar en vigor esta modificación local de los requisitos de empadronamiento, se podrían derivar responsabilidades para el Consistorio.

«Con la Ley de Empadronamiento en la mano, no se puede negar el padrón a una persona si reúne los requisitos», afirmó el ministro en una entrevista concedida a Catalunya Informació. De igual manera, aseguró que el Ayuntamiento no puede dictar ninguna norma que vaya «en dirección contraria» a la normativa estatal.

El Consistorio decidió que los extranjeros deberán demostrar que tienen la documentación en regla para empadronarse, y en caso de no ser así dispondrán de tres meses para hacerlo. La medida no tiene carácter retroactivo ni afectará a quienes quieran regularizarse por la vía del reagrupamiento familiar.