Nueva vuelta de tuerca en la problemática de los menores extranjeros no acompañados tutelados por las diputaciones. En esta ocasión y por enésima vez, le ha tocado el turno a Álava. El Ejecutivo liderado por el peneuvista Xabier Agirre anunció ayer que ha denunciado ante el juzgado de guardia la fuga, desde el día 5, de 24 chavales de origen guineano que residían en el centro foral Bideberri, que abrió sus puertas en mayo. Su marcha, como explicó la diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, en declaraciones a EL CORREO, fue «de forma voluntaria» y estuvo motivada por las sanciones impuestas a tres chicos que no acudieron a clases de alfabetización y luego intentaron agredir a uno de los monitores.

Los hechos se produjeron el pasado lunes. Tres jóvenes, según la versión oficial de la institución foral, fueron castigados por los responsables del centro por faltar a clase. Se trata de sanciones reguladas por el Gobierno vasco y que en general no van más allá de tener que limpiar los baños o disfrutar de menos horas de salida. Lejos de acatarlas, los menores montaron en cólera e intentaron «agredir a un monitor» antes de arengar a sus compañeros con el propósito de abandonar el centro al día siguiente, el martes.

Lo consiguieron. Uno de ellos, sin embargo, fue localizado por la Policía Nacional y devuelto de inmediato al centro. Horas más tarde, sin embargo, volvió a fugarse. Otro regresó ‘motu proprio’ y se quedó acatando el castigo. Los otros 24 también volvieron, pero con condiciones por delante. Si se les imponían las sanciones, no entrarían. Dicho y hecho. «De forma voluntaria, decidieron irse», explicó la política peneuvista.

Derechos y deberes

Después de comprobar que su marcha iba en serio, los responsables del centro presentaron una primera «predenuncia» el mismo martes y «una denuncia ante la Ertzaintza a las 24 horas de la fuga, como lo estipula el protocolo de actuación». Luego llegó la denuncia ante el juzgado de guardia. Desde entonces, desde el pasado martes, nada se sabe de los jóvenes.

Para Solaguren, «muy preocupada» por lo acontecido, todo son interrogantes de difícil respuesta: «¿Qué va a pasar con estos menores cuándo vuelvan? ¿Cómo es posible que nadie (en relación a la Policía) haya dado con ellos siendo un grupo tan numeroso? ¿Quién les está dando cobijo…?». «Estamos sufriendo una soledad institucional terrible», denunció. Aunque evitó dar nombres y apellidos, si manifestó que no se explica cómo la Ertzaintza u otro cuerpo policial no es capaz de dar con ellos.

Las labores de búsqueda, pese a todo, continúan. No se descarta ninguna hipótesis, incluso que los jóvenes hayan abandonado la ciudad. No hay que olvidar que la fácil movilidad de este tipo de chicos por la Península ha sido uno de los factores de discordia entre comunidades autónomas.

Críticas al margen, Solaguren, que ha solicitado acudir a las Juntas Generales para explicar la sucedido al resto de formaciones, quiso dejar muy claro que en una sociedad como la alavesa, «derechos sí, pero obligaciones, también».«Siempre hemos dicho que nos vamos a mantener firmes en el control y seguimiento del comportamiento de los menores dentro y fuera del centro», apostilló la diputada. No obstante, recalcó que la institución foral «ha defendido, defiende y defenderá su papel de velar y controlar a los menores de edad en situación de desprotección».