El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha abierto una actuación de oficio y ha solicitado información al Ayuntamiento de Vic (Osona) sobre el acuerdo adoptado por esta institución para negar la inscripción en el padrón municipal a los inmigrantes que no puedan demostrar en el plazo de tres meses que están en España en situación legal. El alcalde de Vic es Josep María Vila d’Abadal (CiU), que gobierna con el apoyo de PSC y ERC.

El Síndic informó ayer, tras la publicación del caso por EL PAÍS, que estudiará la medida por considerar que vulnera derechos de los inmigrantes garantizados por las leyes de régimen local, de extranjería y de protección de datos, así como puede impedir su acceso a la sanidad, educación y servicios sociales públicos.

Aunque entendieron que son los ayuntamientos los que deben lidiar con la presión migratoria y buscar soluciones, la decisión de sus compañeros de partido fue cuestionada tanto en el PSC como en ERC, mientras CiU declinó comentarla. La secretaria de Inmigración de la ejecutiva de los socialistas, Consol Prados, tachó la medida de “discutible”. El portavoz de ERC, Ignasi Llorente, manifestó que el partido “no ve bien” la decisión. También apostó por que las grandes asociaciones municipalistas consensúen cómo debe ser el padrón y celebró que su concejal haya “reconducido en parte la situación”.

Por su parte, la portavoz de ICV, Laia Ortiz, acusó a CiU, ERC y el PSC de seguir en Vic postulados “xenófobos” y alertó de que la decisión del equipo de gobierno municipal “vulnera el Pacto Nacional por la Inmigración”, aprobado en la Generalitat en diciembre de 2008. Por este motivo, la portavoz ecosocialista emplazó a las direcciones nacionales del PSC, ERC y CiU a corregir la decisión tomada en Vic.

La modificación del padrón en Vic ha llegado también a la red social Facebook, donde se ha creado un grupo que reclama el derecho a empadronarse en Vic. Impulsado por la Revista Mà, vinculada a la UGT y que trabaja para fomentar la convivencia entre culturas, el grupo forma parte de una campaña que permitirá enviar correos electrónicos al Ayuntamiento para pedir la retirada de los nuevos requisitos.

Las entidades sociales y de inmigrantes de Vic se reunirán el día 11 convocadas por Càritas para consensuar una postura. El abogado y miembro de Veus Diverses Antoni Iborra denuncia que la decisión del Ayuntamiento no “se aguanta por ningún lado desde el punto de vista legal”.

Por su parte, la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña calificó la decisión de “apartheid jurídico” y aseguró: “Es la clara expresión de lo que no queremos en Cataluña, tierra de acogida”. Según esta entidad, “se empieza discriminando a las personas por su situación administrativa negándoles el acceso a la salud y la educación, y luego se continúa segregando a personas por su origen, raza o religión”.

La decisión del ayuntamiento sí gusta a la xenófoba Plataforma per Catalunya, segunda fuerza más votada en las últimas elecciones municipales.