La comunidad internacional califica de «muy grave» que los devuelvan a Laos Bangkok

El Gobierno tailandés empezó a deportar ayer a más de 4.000 refugiados de la etnia Hmong a Laos, a pesar del llamamiento de la comunidad internacional a Bangkok para que reconsidere esta repatriación masiva involuntaria.

Los soldados impidieron el paso a periodistas, miembros de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) y grupos de derechos humanos al campamento de refugiados de Huay Nam Khao, al norte de Tailandia, donde el Gobierno tenía concentrados a los 4.506 Hmong que habían pedido un estatus de refugiado y que empezaron a meter en camiones, custodiados por 5.000 militares.

Los Hmong aseguran que, una vez en Laos, el Gobierno les perseguirá, como llevan sufriendo desde hace generaciones, debido a que lucharon junto a las tropas estadounidenses en la Guerra de Vietnam.

Sin embargo, el Ejecutivo de Laos ha asegurado que no tomará medidas contra ellos.

Por su parte, Bangkok alegó que la mayoría de los integrantes del grupo eran refugiados económicos ilegales.

La Casa Blanca se manifestó «profundamente consternada» por la deportación forzada. En un comunicado, Estados Unidos calificó la acción del Gobierno tailandés de «seria violación de los principios humanitarios internacionales».

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, calificó las expulsiones de «muy graves».

La operación de traslado de los Hmong comenzó a primera hora de la mañana de ayer, cuando los soldados, armados con bastones y escudos, entraron en el campamento.

El coronel Thana Charuyat, que coordinó la repatriación, señaló que las tropas no llevaron armas ni gases lacrimógenos, para asegurar la seguridad de las mujeres y los niños. El coronel añadió que la operación para dejar vacío el campamento había transcurrido sin incidentes. Unos 300 Hmong rechazaron en un primer momento abandonar el campamento, incluyendo varias familias y líderes de la comunidad, pero tras varias horas de negociaciones accedieron a poner fin a su resistencia.

A pesar de las promesas del primer ministro tailandés, Abhisiti Vejajiva, de que las repatriaciones se harían de la manera más transparente posible, ni un solo miembro del ACNUR pudo a ver a los refugiados ni comunicarse con ellos, ya que las señales de teléfono móvil en la zona fueron totalmente interrumpidas.