El próximo mes de enero cumplirá cinco años uno de los proyectos más valiosos de la Policía Local de La Laguna, la Unidad de Servicio de Paisano (USP). Las tareas encomendadas entonces fueron claras y precisas: la atención a los problemas de los espacios públicos y, sobre todo, afrontar los diversos y complejos asuntos relacionados con los menores de edad del municipio.

Si en un principio dicho equipo estaba formado por dos agentes, en estos momentos lo integran cuatro policías y un cabo. En el último lustro, estos profesionales estiman que han intervenido con 1.800 menores de diferentes edades y circunstancias, cuyas fichas están archivadas en su base de datos. Éste ha sido precisamente el apartado de su trabajo que más resultados satisfactorios les ha ofrecido y su conocimiento de la realidad de los adolescentes en las diversas zonas de La Laguna es considerable.

En su labor cotidiana deben afrontar situaciones como, por ejemplo, el absentismo escolar en edades comprendidas entre los 6 y los 16 años; algún expediente de pequeños no escolarizados, los casos de riesgo y desamparo, así como la desprotección social, los encargos de la Fiscalía de Menores para actuar con algún chico problemático, la localización de individuos fugados de sus casas o la localización de menores que puedan estar consumiendo alcohol o drogas en el área de ocio nocturno, entre otras muchas.

Intercambio de datos

Como es lógico, el intercambio de información con el departamento de Servicios Sociales del ayuntamiento resulta clave para intentar resolver con éxito la mayoría de las situaciones. Pero su actuación prosigue durante meses o años con el seguimiento de los casos que así lo requieren. E intervienen con cada uno de esos menores en todos los delitos que cometan.

Hace pocos días se les ha encargado, precisamente, la atención de un caso que no resulta raro ni extraordinario. Un joven de 14 años se ha fugado varias veces del centro escolar, no va al colegio, del que lo han expulsado en diversas ocasiones por problemas de disciplina, que consume droga y no se descarta que también se dedique a la venta al menudeo de sustancias estupefacientes.

La primera entrevista con el menor ha surtido efectos positivos, según la madre, pero cada dos meses habrá un encuentro entre las tres partes para ver la evolución.

A lo largo de los años de trabajo se ha desarrollado un protocolo propio de intervención, en el que se han unificado criterios con el personal de Servicios Sociales.

Su labor está estrechamente vinculada a aquellos adolescentes acogidos en hogares de protección, en pisos de medidas judiciales, el Centro de Acogida Inmediata (CAI) de Los Baldíos, el centro para internos con medidas judiciales de Valle Tabares o los recursos para inmigrantes situados en Tegueste o La Esperanza.

Los responsables de un hogar en la capital tinerfeña estaban seriamente preocupados, pues dos de sus usuarios llevaban un par de meses fugados y nadie sabía dónde podían estar. Pasado ese tiempo, contactaron con los agentes de la USP y los chicos fueron reingresados en apenas dos días. Ese logro no es fruto de la casualidad, ni de un golpe de suerte. Tal conocimiento de los movimientos de los adolescentes problemáticos se consigue en base a un trabajo previo de campo. El cabo matiza que el respeto y la confianza de los menores, con sus singularidades y excepciones, se logra con diálogo, psicología y la autoridad suficiente para hacerles entender que la labor policial consiste en aplicar la legislación, es decir, que no hay nada personal.

Estación de guaguas

En el control de espacios públicos, uno de los enclaves donde intervienen a veces es la estación de guaguas de La Laguna, donde ocurren pequeños robos al descuido y se concentran menores, algunos de ellos inmigrantes, dedicados al trapicheo de drogas. Aunque también los baños de dicho edificio se han convertido en los últimos tiempos en un punto de encuentro para relaciones homosexuales entre adultos y adolescentes inmigrantes, algunos de los cuales cobran por ello. Ante esas situaciones, los agentes únicamente pueden levantar actas por actos obscenos en lugares públicos. El hecho de que trabajen de paisano facilita una mayor proximidad a aquellos individuos que puedan estar cometiendo delitos, tanto en las calles como en espacios comerciales y zonas de ocio.