Los múltiples trastornos que ha provocado la quiebra de Air Comet para los 4.760 pasajeros afectados han vuelto a poner en evidencia la necesidad de la cobertura pública para solventar problemas sobrevenidos fruto de dificultades, deficiencias o irregularidades en la gestión privada, así como los límites a los que se enfrenta el Estado para hacerlos frente. La posibilidad de que la compañía desechara seguir volando hasta una fecha menos gravosa – el 10 de enero – , tal y como acusa el Ministerio de Fomento, agravaría la responsabilidad principal que habían contraído los rectores de Air Comet a la hora de procurar un cierre ordenado de la aerolínea o, en todo caso, un perjuicio lo más reducido posible para sus clientes; clientes que pudieron adquirir billetes para viajar a distintos puntos de Latinoamérica hasta las vísperas de la traumática bancarrota y cuyo abandono no se justifica bajo ninguna circunstancia empresarial, por extrema que ésta llegue a ser.

El hecho de que buena parte de los damnificados fueran inmigrantes con los recursos justos para regresar en Navidad a sus lugares de origen, tal y como ocurrió con el desgraciado precedente de Air Madrid, ha añadido un plus de indefensión del que Air Comet no debía haberse desentendido. En este sentido, tan obligado resultaba que Fomento se hiciera cargo de los viajeros atrapados en Barajas, dada la situación de emergencia generada en un momento del año, además, con un notable tráfico aéreo, como que avance en el proceso sancionador abierto a la empresa y repercuta los gastos de 6,3 millones de euros que ha representado para las arcas comunes la forzosa atención a unos pasajeros que no podían ser dejados a su suerte. Esto último implica que, una vez que el Gobierno español ha facilitado el desplazamiento a 3.605 de las personas afectadas, se agilice una salida en cooperación con las embajadas de los países concernidos para quienes aún permanecen en tierra. Los procesos de reclamación, tanto por parte de los pasajeros como de las instituciones involucradas, se prevén muy trabajosos. Pero no se debería renunciar a ellos ante la vulneración de derechos sufrida en un espacio, el de los aeropuertos, que ante un caos como el presente se transforman en lugares muy inhóspitos.