«Solidaridad sí, pero tontos no. Que quede muy clarito, de hacer el primo, los alaveses nada». El grave conflicto competencial suscitado en torno a los menores extranjeros no acompañados (‘menas’) ha llevado al diputado general, Xabier Agirre, a dar un puñetazo encima de la mesa y advertir que el Ejecutivo foral estudia denunciar ante los tribunales el comportamiento de otras comunidades autónomas para con estos chicos. «Nos planteamos exigir vía judicial explicaciones de por qué nos llegan aquí los menores después de haber recorrido un sinfín de comunidades en las que no se han atendido», recalca Agirre en declaraciones a EL CORREO.

La gota que ha colmado el vaso del bipartito PNV – EA ha sido la negativa del Gobierno central a incluir en la nueva modificación de la Ley de Extranjería la creación de un sistema de cupos – también lo pidió el grupo del PP – para que cada autonomía acoja a un número determinado de ‘menas’ en función de su población. El desfase actual es tal que Álava, con sus 315.000 habitantes, acoge a tantos, en torno a 120, como todo Madrid, pese a sus 7 millones de residentes. Lo mismo ocurre con Galicia, que también iguala a Álava, o Valencia, que tutela a la mitad. Navarra, por ejemplo, apenas alberga a una decena y La Rioja, a ninguno.

«Esta situación no es justa y ante las injusticias, uno se rebela», apostilla el diputado general. Mientras el Gabinete Zapatero sigue desoyendo las exigencias de las administraciones vascas, que no dan su brazo a torcer, las instalaciones forales creadas ‘ad hoc’ continúan con el cartel de completo, saturadas, al borde del colapso. Tanto las dependencias habilitadas en la sede de la Cruz Roja, como el nuevo complejo de Molinuevo (Bideberri), que abrió sus puertas en mayo. La escasez de plazas es tal que el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) continúa derivando menores al santuario Estíbaliz e incluso al albergue municipal (‘Cmas’) en casos «muy excepcionales», hecho éste que ha provocado duros reproches tanto del Ayuntamiento como de la propia Fiscalía de Álava.

El mandatario alavés, visiblemente enojado por este asunto, evitó señalar a una u otra comunidad autónoma. Ya lo hizo, en cambio, su compañero de partido y diputado en el Congreso Emilio Olabarria, que en sede parlamentaria se refirió a Valencia como uno de los territorios en el que «personas del entorno de la administración están pagando el billete y proporcionando dinero» a estos menores.

«Suena a cachondeo»

¿Se plantea, entonces, la Diputación cerrar sus puertas como al parecer hacen otras instituciones? «No vamos a cerrarlas, lo que hay que reclamar es que los que las cierran, las abran porque es su obligación», explica Agirre, que recuerda que la Fiscalía está muy vigilante con este fenómeno en Álava. «Y las exigencias que nosotros tenemos, ¿existen en otros lugares? Porque si así fuera, no llegarían aquí de forma tan sencilla», denuncia.

En el batería de peticiones, la Diputación también pide un sistema único para determinar la edad del joven, ya que en algunas comunidades la prueba ósea se toma como referencia principal y en Álava, la documentación es la que da y quita razones. Pero aquí es donde surge otro de los problemas, ya que hay casos en los que los menores consiguen nuevos pasaportes durante su periplo por la Península – cuando llegaron a Canarias, tenían otra reseña diferente – . «Con todo respecto, esto suena a cachondeo», espetó el político jeltzale.

Sea como sea, la Diputación tutela en la actualidad a unos 120 ‘menas’, seis veces más que hace sólo un par de años. La exigencia es tal que el Gabinete Agirre ha tenido que cuadruplicar su presupuesto en plena crisis económica hasta los cuatro millones de euros.