Durante 14 horas seguidas, entre la una de la tarde del 13 de noviembre y las tres de la madrugada del día siguiente, Aminatu Haidar fue interrogada por la policía marroquí en el aeropuerto de El Aaiún «de forma continua y bajo presión psicológica constante», según consta en la denuncia que presentó el 15 de noviembre en Lanzarote. Los agentes la grabaron con tres cámaras de vídeo y le hicieron numerosas fotografías con flash, a sabiendas de la afección que padece como resultado de los cuatro años que pasó en una cárcel marroquí con los ojos vendados sin recibir asistencia médica. Los interrogatorios se reanudaron a la 8 de la mañana hasta que a las 11 menos cuarto el comisario Ermid le comunicó que iba a ser expulsada, sin revelarle su destino.

Una vez que el avión aterrizó en suelo canario, Haidar explicó detalladamente a la policía española que había estado 24 horas detenida en El Aaiún, bajo fuerte presión policial y sin asistencia letrada, y que había sido enviada a Lanzarote a la fuerza y en contra de su voluntad. Un agente le contestó que podía entrar legalmente en España porque contaba con un permiso de residencia. Haidar respondió que se le había concedido por razones excepcionales de tipo humanitario, debido al deterioro físico que le causaron sus años de «desaparecida forzosa» y luego de «presa de conciencia». Y, en todo caso, ese permiso «nunca se puede convertir en una orden contra ella». Además, le manifestó que la situación que estaba teniendo lugar era fruto de la «complicidad» de los Gobiernos marroquí y español. «Marruecos la expulsa y España la secuestra», dice la denuncia. Ya en la terminal, Haidar es objeto de malos tratos cuando la Guardia Civil decide desalojarla tras recibir órdenes expresas de Madrid. Seis agentes la levantaron a la fuerza, «haciéndole daño en la espalda y en los brazos», y ante los gritos de sus acompañantes la soltaron y cayó al suelo. Tras informarles desde el suelo de que tiene la columna vertebral dañada, la desalojaron con más cuidado.

Aunque el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco vio indicios de un delito de lesa humanidad en la actuación de Marruecos, no puede investigar tras el recorte de la jurisdicción internacional, por lo que devolvió el caso al juzgado de Lanzarote.