No tenía antecedentes y este miércoles iba a recibir los papeles Madrid

Ha dado igual que tuviera una oferta de trabajo, que llevase más de tres años en España, que no tuviera antecedentes o que todos los informes sociales de las instituciones avalaran su ciudadanía. El Ministerio de Interior expulsó ayer rumbo a La Paz a Federico Velasco, boliviano por el que han velado instituciones religiosas y al que le faltaba un solo papel, uno sólo, para regularizar su situación en nuestro país.

Tenía cita este miércoles próximo Federico en el Ayuntamiento de Valladolid. Le iban a dar un certificado social sobre las bonanzas de su estancia en la capital pucelana. El 1 de enero iba a estar cotizando en la Seguridad Social. Más que todo eso, ha pesado una orden de expulsión que tenía desde 2007, abierta por no tener documentación.

EL MUNDO contó su historia el pasado domingo y se publicó como un SOS. Velasco llevaba semanas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid después de que la Policía le parase a la salida de una asociación que trabaja con inmigrantes. Le pidió identificarse, tecleó su nombre y le salió pendiente aquella orden. Por lo que fue encerrado en el CIE. «Tranquila, cariño, ya verás que en cuanto vean que tengo cita para que me den los papeles me sueltan», le dijo a su mujer, Claudia, empleada del hogar. Se abrió una luz al cabo. En la Delegación del Gobierno de Valladolid le dijeron que si quería pedir el arraigo que pararía su expulsión tendría que acudir en persona. Pero en el CIE no le dejaron salir.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia decidió dictar unas medidas cautelarísimas cuando supo del increíble caso de Federico y su CIE, para que se estudiara su situación. Pasados unos días levantó ese blindaje. Y ha sido entonces cuando Interior ha aprovechado para llevárselo al aeropuerto de Barajas.

«Dos años después de haber sido detenido por no tener el permiso de residencia ni un contrato de trabajo, él cumple con todos los requisitos para regularizar su estancia y los ha presentado», señalaba mientras rugían los motores del avión Cristina Manzanedo, abogada de Pueblos Unidos, asociación de jesuitas que se ha hecho cargo de Federico.

La historia de Federico sólo tiene páginas en blanco. Es fundador del grupo de folk Mi Bolivia, cuenta con todos los parabienes de la Red Incola, es un activo miembro del vecindario y vive con su mujer en Valladolid, esperando traerse al pequeño de Cochabamba.

«España no sólo demuestra una forma de actuar desproporcionada, sino también tremendamente poco rentable. Nos vamos a gastar un dineral devolviendo a una persona que, el primero de enero, iba a estar cotizando a la Seguridad Social y contribuyendo con las arcas públicas», comenta Manzanedo. La paradoja es que el recurso de apelación presentado ante la Justicia que se resolverá dentro de unos meses podría acabar, tal y como enseña la jurisprudencia, con una sanción económica en vez de con la expulsión. Habrá sido demasiado tarde.

La Policía le abordó a la salida de una asociación que trabaja con inmigrantes