La situación de los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Diputación sigue dando de qué hablar. Si el martes fueron varios colectivos sociales los que denunciaron la «nefasta gestión» del Gabinete Agirre por «denegar las órdenes forales de tutela a 30 chicos» requisito indispensable para obtener la autorización de residencia, ayer le tocó el turno a la Diputación. El Gabinete Agirre aclaró que en los últimos cinco meses ha remitido tanto a la Fiscalía como a los juzgados de guardia un listado de casos de menores que podrían no ser tal, porque la prueba ósea revela que superan con creces los 18. Aunque rechazaron dar cifras, fuentes conocedoras de la situación explicaron a EL CORREO que se trata de una treintena.
«Existen dudas razonables de que son mayores de edad», recalcó ayer la diputada de Política Social, Covadonga Solaguren, quien matizó que no se denuncia a estos chicos, sino el caso en sí, ya que podrían ser víctimas de mafias de inmigración ilegal. Y es que se dan situaciones en las que el joven porta pasaportes expedidos en su país de origen en fechas en las que el menor ya se encontraba en España. Por lo tanto, no es de extrañar que haya casos en los que el chico ya está registrado por la Policía en Canarias con otra edad y otro pasaporte.
Pero como ha reiterado la Fiscalía en numerosas ocasiones, si un documento es oficial siempre prima sobre la prueba ósea. Por ello, la Diputación sigue exigiendo otros mecanismos de control para evitar que mayores se beneficien de recursos destinados a menores.
Es la eterna lucha del Gabinete Agirre, ya que sus centros continúan saturados mientras otras comunidades rechazan acoger a estos chicos. En la actualidad, tutela a unos 120, la misma cifra que por ejemplo todo Madrid.