EL ámbito de la protección social y las políticas públicas que la abordan, evidentemente necesarias para evitar tanto la exclusión de sectores de población como las consecuencias derivadas de ésta, enfrenta siempre el complicado equilibrio de situar los límites de su realidad, es decir, la extensión de las ayudas; y el posibilismo o la capacidad de los recursos institucionales para desarrollarlas. Dicho equilibrio está precisamente en el origen de un debate que no es nuevo pero que se agudiza en periodos de crisis, tanto por el incremento de los casos de necesidad como por la lógica demanda de mayor esmero en la gestión de los medios con que cuenta la administración y que también sufren los efectos de la situación económica. Y es precisamente esa exigencia de proporción inherente a las políticas sociales, aún mayor en periodos de dificultad, la que obliga técnicos y representantes políticos a estudiar cauta y detenidamente todas y cada una de las nuevas iniciativas. En ese sentido, el borrador del decreto que prepara el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, dirigido por Gemma Zabaleta, cuya actual redacción permitiría a los menores tutelados por las diputaciones forales acceder a la renta de garantía de ingresos o renta básica (entre 640 y 910 euros mensuales) al cumplir la mayoría de edad, parece haber adolecido aun reconociendo que tan sólo se trata de un borrador de falta de profundidad en el análisis previo a su elaboración en al menos tres aspectos. En primer lugar, ha obviado la repercusión que tendría en la capacidad de los recursos públicos destinados a políticas sociales, ya cuestionada seriamente de cara al futuro inmediato ante la caída de la recaudación fiscal. Asimismo, ha soslayado su incidencia en los cursos de formación a los que acuden esos mismos jóvenes que serían los beneficiarios de las ayudas al desincentivar su ambición o sus urgencias por acceder al mercado laboral así como su presencia, una vez cumplidos los 18 años, en los programas de pisos tutelados por educadores en busca de la integración social. Y, finalmente, no ha tenido en cuenta las posibles situaciones de discriminación que generaría la medida respecto a otros jóvenes en situaciones de exclusión o necesidad que no pueden acceder a las mismas ayudas hasta cinco años más tarde, con lo que podría fomentar reacciones adversas que, en algún caso, ya parecen intuirse en la sociedad, según se deduce del barómetro del Observatorio vasco de Inmigración, Ikuspegi, en el que se especifica que el 56% de la población vincularía la admisión de los inmigrantes a un contrato de trabajo. En definitiva, el desarrollo del borrador del decreto de la renta de garantía deberá extremar el celo y abordar los cambios precisos tendentes a evitar que sus prestaciones produzcan, a medio plazo, más perjuicio social que beneficios.