Bilbao. Las tres diputaciones de la CAV en bloque apelaron ayer a la “responsabilidad institucional” del Gobierno vasco para que reconsidere su intención de ampliar la renta básica a todos los menores que hayan estado tutelados por las instituciones forales cuando cumplan los 18 años. En una carta conjunta que remitieron ayer a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, los representantes de los servicios sociales de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa mostraron su disconformidad con la medida, advirtieron del “riesgo de grave colapso” en que situaría al sistema de protección de menores y acusaron al Ejecutivo de “deslealtad institucional” por decidir de forma unilateral a quién se destina la renta de garantía de ingresos.

El departamento de Gemma Zabaleta está ultimando el decreto que regulará la renta de garantía de ingresos a partir del próximo año y que, tal y como reconoció ayer la propia consejera, entrará en vigor en enero o febrero. El borrador, que ayer adelantó DEIA, establece que los menores que hayan estado tutelados por las diputaciones no tendrán que esperar a los 23 años para poder cobrar esta prestación económica de alrededor de mil euros.

El Gobierno vasco, junto a las tres diputaciones y Eudel, viene trabajando en la redacción de este borrador desde hace varios meses, a través del Consejo Vasco de Servicios Sociales y la Comisión Institucional de Servicios Sociales. Según consta en el acta de una de estas reuniones, la propia consejería reconoce que aceptó incluir esta cláusula tras escuchar las peticiones de las asociaciones del tercer sector, y en contra de la opinión de los representantes forales y municipales, que se oponen a ella.

En la carta remitida ayer a Gemma Zabaleta, los tres diputados forales de los servicios sociales Covadonga Solaguren por Araba, Juan María Aburto por Bizkaia y Maite Etxaniz por Gipuzkoa critican la “deslealtad institucional” por parte del Ejecutivo vasco por decidir “de manera unilateral” conceder la renta básica también a los jóvenes que han estado tutelados, “en contra del criterio unánime de las tres diputaciones. Después de haber pactado con las diputaciones y Eudel quiénes iban a ser beneficiarios del sistema de garantía de ingresos, se incumple dicho pacto”.

Los representantes forales alertan asimismo del “grave colapso” que sufrirán los sistemas de protección de menores de seguir adelante con el planteamiento. En este sentido, destacaron que desde las diputaciones se está realizando un esfuerzo “notable” para atender a más de 700 menores extranjeros no acompañados, que mantendrán en el futuro porque “creemos que dar una oportunidad de inserción a estos menores es una obligación moral y política, porque su dignidad y la nuestra nos los exige”.

Solaguren, Aburto y Etxaniz mostraron su “extraordinaria preocupación” por que el modelo que marque el futuro personal y laboral de estos jóvenes a partir de ahora sea “cumplir 18 años en un centro foral con el fin de cobrar 900 euros”, y no los programas socioeducativos que desarrollan las diputaciones, que tienen como objetivo su inserción laboral. “Esta actuación cuestiona todo el trabajo que veníamos realizando con menores extranjeros no acompañados”, advierten. Por todo ello, advierten de que “este planteamiento del Gobierno vasco coloca al sistema foral de protección de menores en una situación de extraordinaria dificultad”.

Así, las diputaciones manifiestan su apuesta por que la Ley de Garantía de Ingresos tengan como objetivo principal la inserción social, “con una renta de garantía de ingresos que garantice nuestra dignidad, no una sociedad subsidiada”. En este sentido, apelan a la “responsabilidad institucional” y al consenso, “máxime en un momento en el que resulta necesario crear cauces en beneficio de la ciudadanía”.

Además, el diputado de Acción Social de Bizkaia, Juan María Aburto, mostró su preocupación por el “modelo social que estamos construyendo” para los jóvenes, “cuando les estamos diciendo que, con 18 años tienen casi 1.000 euros, lo cual desincentiva todo su ámbito formativo, inclusivo o laboral”, además del “agravio comparativo” en relación con los menores que estén acogidos en una familia. Su homóloga alavesa, Covadonga Solaguren, apostó por buscar fórmulas de ayuda a las personas que lo necesiten, “pero no destinar un dinero para que los jóvenes lo gaste arbitrariamente como quieran”.