El barómetro del Observatorio vasco de Inmigración revela que la grave crisis económica está endureciendo la percepción que los ciudadanos de Euskadi tienen sobre la llegada de personas extranjeras; y pone en evidencia, una vez más, la deficiente previsión y la muy mejorable pedagogía con las que las instituciones encaran un fenómeno que en nuestra comunidad autónoma se sitúa todavía en un discreto 6% de la población total. En sólo un año ha crecido nueve puntos, hasta el 57%, el porcentaje de vascos que cree afectado su bienestar personal o familiar por la presencia de inmigrantes. Pese a ser conscientes de que el paro atrapa primero a los últimos en llegar, cada vez más encuestados se declaran inquietos por la competencia en el trabajo, la cobertura social, la asistencia sanitaria o la vivienda que puede representar un colectivo foráneo que, en su condición de regularizado y contribuyente, es titular de iguales derechos. Resulta inevitable vincular estas percepciones potencialmente perniciosas con la coyuntura de incertidumbre que atraviesa la sociedad. Del mismo modo, la necesidad de integrar un capital humano tan necesario y enriquecedor exige que responsables institucionales y políticos huyan del catastrofismo y dediquen a perseguir posibles casos de fraude en las ayudas sociales el mismo esfuerzo que emplean en magnificarlos.