Dirá en las Cortes que no pagará el médico a jubilados extranjeros, como pedía la UE Madrid

Trinidad Jiménez explicará hoy a los diputados por qué España vetó hace 16 días toda una directiva europea. Cuando el Grupo Socialista se lo pregunte en el Hemiciclo, la ministra de Sanidad contará que si la propuesta comunitaria sobre la asistencia médica a los extranjeros que viven aquí hubiera salido adelante, el sistema sanitario español habría recibido un impacto económico «que no es asumible para España». Es decir, un golpe a las rodillas de la sanidad patria.

Y es que sólo uno de los puntos de la directiva sobre sanidad transfronteriza que proponía la UE habría costado a España «2.000 millones de euros al año», según la respuesta parlamentaria que ofrecerá hoy la ministra.

Ese apartado planteaba que el coste sanitario de los jubilados extranjeros fuera asumido por los países de residencia en vez de los de origen. Fuentes del Ministerio cuentan que la idea partió de los países nórdicos, muchos de cuyos ciudadanos pasan los últimos años de su vida (los que más asistencia médica precisan) en lugares cálidos. Ese punto de la directiva comunitaria beneficiaba a estados escandinavos y británicos y perjudicaba a los países del sur y mediterráneos.

España necesitaba 91 votos para obtener una minoría de bloqueo. Obtuvo 92, un apoyo de países menos amigos para otros escrutinios: Portugal, Grecia, Eslovenia y Hungría.

Durante su presidencia europea, España impulsará otra directiva que contenga puntos distintos a la vetada el 1 de diciembre. Por ejemplo, que los países de origen asuman el coste sanitario de sus exiliados voluntarios.

Jiménez contará hoy que España propondrá que se necesite la autorización de un médico para que un ciudadano sea atendido en determinado lugar. «No se trata de ir contra la libertad de movimientos, sino de valorar el papel del consejo médico como regulador de los flujos de pacientes mediante la autorización previa. Hay que cuidar las garantías de calidad que necesitan los estados miembros para organizarse», afirman desde el Ministerio.

Tampoco le sentó bien a Sanidad el tratamiento preferente que la directiva europea pareció dar a los sistemas privados de salud. «Aun sin excluir la participación de proveedores privados», Jiménez recordará hoy el carácter «gratuito y universal» del sistema español, que «asegura garantías de calidad para los pacientes».