«Veinte hombres con turbante me condenaron a muerte». El escalofriante relato de una mujer marroquí, que pudo escapar de la «justicia» de un tribunal islámico en Tarragona, ha disparado las alarmas sobre la aplicación de la «sharia» o ley islámica en España. En determinadas zonas de nuestro país existen, ante la desidia de las autoridades, grupos salafistas que aplican unas normas morales, de conducta y de vida que nada tienen que ver con el Estado democrático que es España. No pueden existir «justicias» paralelas. Nuestro tribunales aplican el ordenamiento jurídico, que es igual para todos, con independencia de su religión, raza, origen social o sexo. Desde el Gobierno, que pone tanto el acento en defender la laicidad del Estado –al menos en un sentido–, no se debe ser tibio con estas «justicias», a mitad de camino entre la ignorancia y el abuso criminal.