Una veintena de colectivos y ONG que trabajan con inmigrantes protestaron ayer en Bilbao contra la reforma de la ley de Extranjería, recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados. Uno de los aspectos que más critican estos grupos es la dificultad que tienen los inmigrantes para regularizar su situación. La complicada situación de estas personas se puede resumir en que sin trabajo no hay permiso de residencia y sin permiso, no hay trabajo. Aunque parezca paradójico, en Euskadi parte de la solución a este entuerto legal viene de una instancia pública. Heldu, un servicio gratuito dependiente de Empleo y Asuntos sociales, tramitó 4.672 expedientes relacionados con la situación administrativa de extranjeros en 2008.

Heldu funciona como un servicio de asesoría jurídica sólo para extranjeros, sólo para asuntos de extranjería y sólo para personas que no tengan recursos económicos y no puedan costearse un abogado. Su puesta en marcha se impulsó en 2002 con el primer Plan Vasco de Inmigración y cuenta con tres oficinas, una en cada capital, con abogados y personal jurídico administrativo. La mayor es la de Vizcaya, que recibe dos tercios de las consultas y cuenta con cinco abogados y tres administrativos.

Otras comunidades autónomas tienen servicios parecidos a Heldu – por ejemplo, el CASI en Madrid – pero el vasco fue pionero. “En 2003 mis compatriotas en Barcelona no se podían creer que el Gobierno vasco nos estuviera ayudando a tramitar nuestro permiso, mientras ellos tenían que volver una y otra vez y hacer horas de cola en las oficinas de inmigración”, cuenta Pablo Herrero, un músico profesional de Buenos Aires que ahora está a punto de completar los trámites para obtener la nacionalidad española.

La razón predominante para acudir a Heldu es no tener papeles. “Algunos vienen incluso con sus jefes”, explica Olatz Aretzaga, directora del servicio. “Dar el salto a la regularidad es como una carrera de fondo llena de obstáculos. El arraigo social, que es la figura a través de la cual la gran mayoría se regulariza, exige tener un contrato”. La irregularidad sobrevenida, esto es, la de aquellos inmigrantes que, al haber estado en paro más de seis meses en un año, no pueden renovar su permiso de residencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los usuarios a raíz de la crisis, según confirma la responsable.

Cada expediente abierto en Heldu lo sigue hasta su resolución un mismo abogado, quien guía al interesado en cada paso: presentar documentación en fecha, exigir documentos que acrediten su lugar de residencia y su trabajo, entre otros. El servicio, “no es de acceso libre”, aclara Aretzaga, sino que atiende a personas derivadas de los servicios sociales, para lo que Heldu ha firmado protocolos con todos los ayuntamientos.

Para Miguel González, director de Inmigración del Gobierno vasco, ningún ciudadano debería sentirse agraviado por este tipo de asesoría. “Hay un derecho a la justicia gratuita para todo el mundo y Heldu lo que hace es equilibrar una situación desigual”. Además, Heldu se especializa en asuntos muy concretos del ámbito administrativo. “Para asuntos civiles o penales, ya están los abogados del turno de oficio”, añade.

La reforma de la Ley de Extranjería también afectará a Heldu, ya que asigna a las comunidades autónomas cada vez mayores responsabilidades. “Por ejemplo, solicita a las comunidades autónomas que emitan informes sobre el esfuerzo de inmigración”, explica González. Euskadi quiere asumir la competencia de la autorización inicial de empleo, como ya permiten los estatutos de Andalucía y Cataluña. Según González, Heldu “podría asumir parte esos cometidos”, ya que tiene “recorrido, experiencia, profesionales y conexión con los servicios sociales”. Por otra parte, la futura transferencia de las políticas activas de empleo también impondrá cambios: “Hay que conectar más este servicio con los de búsqueda de empleo y formación”.