HASTA ahora eran inmigrantes ilegales los que ponían en juego sus vidas intentando alcanzar las costas europeas a bordo de frágiles pateras. Buscaban en el Viejo Continente un mundo mejor. Unos cuantos alcanzaron su objetivo, otros fueron recogidos ya cadáveres. Muchos más encontraron su tumba en esa mar que separa la opulencia de la miseria. Ahora el Gobierno marroquí se ha inventado un nuevo modelo de cayuco. Lo ha hecho con la activista saharaui Aminatu Haidar, a la que el pasado 15 de noviembre retiró el pasaporte y la ordenó subir a un avión con destino a Lanzarote. Haidar inició entonces una huelga de hambre que todavía mantiene con el fin de que reconozcan su derecho a regresar a Marruecos. Sólo se alimenta de agua azucarada. El Gobierno socialista de Madrid no sabe cómo hacer frente a la situación. Su primer error fue aceptar la expulsión de Haidar de su país y recibirla en España. Haidar asegura que fue secuestrada y torturada psicológicamente antes de ser trasladada a la isla canaria. Ella sólo pide que le reconozcan el derecho a vivir con los suyos. Pero Marruecos, una vez que se ha deshecho de ella, no quiere ni oír hablar de semejante posibilidad. El reino alauita muestra ahí su carácter intolerante. Y el reino de España, encabezado por un Borbón que se jacta de su amistad con su colega norteafricano, no hace nada por resolver la situación. Hasta que Aminatu Haidar, madre de dos adolescentes de 15 y 13 años, pague con su vida la intransigencia marroquí y la cobardía española. Cóctel de muerte en otro tipo de patera. La peor. La institucional.