El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, advirtió ayer en Bruselas que España no permitirá que la activista saharaui Aminatu Haidar, que lleva 23 días en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, fallezca. El jefe de la diplomacia aseguró que se ha respetado y respetará el derecho a expresarse con esta protesta que tiene la conocida como Gandhi saharaui , pero aclaró que lo principal es «evitar un desenlace fatal».

Aunque no explicó cómo haría para evitar que la protesta de Haidar culmine con la pérdida de su vida, Moratinos insinuó que se volverá a utilizar la baza judicial en caso de que la salud de la mujer empeore mucho. «Si hay un deterioro gravísimo y su vida corriera peligro, me imagino que el juez volverá a intervenir», afirmó. Moratinos aclaró que con esta advertencia no pretende presionar a la activista, «pues ella es libre, es la que tiene que decidir y asumir su propia responsabilidad», puntualizó, antes de añadir que el Gobierno no ha hecho más que mostrar «su buena fe para encontrar una solución».

La activista respondió, a través de su abogada, que recurrirá a la vía penal si se actúa contra su voluntad. La letrada Inés Miranda afirmó que desconoce si la Fiscalía ha solicitado el ingreso de Haidar en un centro hospitalario «para ser examinada y valorar su estado de salud», y aseguró que se encuentra «en pleno uso de sus facultades mentales y no se puede actuar contra su voluntad»,

Presiones diplomáticas

El Gobierno mantiene las gestiones diplomáticas y busca el apoyo de la ONU para que presione a Marruecos. Así, la alta comisionada de Derechos Humanos, Navi Pillay, defendió el derecho a regresar a El Aaiún. «Desde aquí hago un llamamiento por el respeto del derecho de Aminatu Haidar a regresar a su país, donde además viven sus hijos y es donde tiene que estar», señaló Pillay en rueda de prensa, en la que no mencionó los nombres de Marruecos ni del Sáhara Occidental.

La alta comisionada afirmó que «conoce el caso y lo sigue de cerca», y que ha estado en contacto con los Gobiernos de España y Marruecos. También reconoció sentirse preocupada por el estado de salud de la defensora de la causa saharaui.

Estas declaraciones se suman a las del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que horas antes hizo un llamamiento a los dos países afectados por la polémica para que contemplen «cualquier medida que pueda facilitar la resolución del problema».

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, exigió al Ejecutivo español más gestiones diplomáticas para convencer a Washington, París y Bruselas de que presionen a Marruecos. Rivero declaró que, por razones humanitarias, deben ayudar a desbloquear la situación, y añadió que a nadie se le esconde que la función que pueden tener las Administraciones estadounidense y francesa es vital, así como la mediación de la UE.