El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo validó ayer la boda gitana como unión de pleno derecho. El caso que le ocupaba era el de María Luisa Muñoz Díaz, La Nena, que ha pleiteado nueve años para que España le pague la pensión de viudedad tras la muerte de su marido en 2000. La mujer, de 52 años y vecina del barrio madrileño de Carabanchel, se casó con M. D. en 1971 y tuvieron seis hijos. Pero su matrimonio no está inscrito en el Registro Civil. El tribunal, con el voto de seis jueces a favor y uno en contra, entiende que España ha vulnerado el artículo 14 que prohíbe la discriminación por razón de etnia y el artículo 1 sobre la protección de la propiedad de la Convención Europea de los Derechos del Hombre.

La sentencia obliga al Estado a indemnizar a La Nena con 70.000 euros: 50.000 euros por atrasos en el pago de la pensión (algo menos de 500 euros) que debió percibir desde que murió su marido, albañil de profesión. Y otros 20.000 por el perjuicio moral ocasionado. María Luisa expresó ayer su felicidad. “Estoy contentísima porque nos reconozcan que somos normalitos, que somos como una persona más”, comentó a la cadena SER. Espero que sirva de “de ejemplo y de ayuda” para que todo el colectivo reivindique sus derechos, añadió. “Queda claro que quienes me denegaron el derecho a la prestación no tenían razón y que lo que yo pedía estaba dentro de la ley”.

La Fundación Secretariado Gitano también celebra la noticia. Su presidente, Isidro Rodríguez, opina que la sentencia “reconoce que se ha producido una injusticia”. “Todavía falta en España atención y sensibilidad hacia las minorías y los gitanos no tienen aún garantizados sus derechos”, dijo.

La Nena fue citada hace seis meses para comparecer ante la corte europea. Sus argumentos a favor del rito gitano y de la unión de hecho con su marido convencieron a los jueces, explicó uno de sus abogados, Sebastián Sánchez. El tribunal europeo le ha dado la razón, y condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reconocerle la pensión de viudedad.

Hay juristas que sostienen que la sentencia de Estrasburgo no vincula a España y otros, la mayoría, entienden que sí, porque sus resoluciones son de obligado cumplimiento para todos los países que han suscrito el reconocimiento de este tribunal. En España, sólo el Juzgado de lo Social 12 de Madrid dio la razón a María Luisa al entender que los 30 años de unión que llevaba con su marido la convertían en una pareja de hecho. Sin embargo, el INSS logró revocar este fallo en un recurso que interpuso ante el Tribunal Superior de Madrid, cuya decisión luego fue validada por el Tribunal Constitucional.

Con esta sentencia, Estrasburgo da un rapapolvo jurídico al alto tribunal español, que esgrimió que La Nena, al no inscribir civilmente su matrimonio, se había apartado voluntariamente de la normativa que regula las pensiones.

La Nena se casó con 15 años “por el rito que había heredado de sus padres, cuando en España, además, no había entonces otra posibilidad que hacerlo por la Iglesia. A ella la sentencia le alegra porque recibirá lo que se le adeuda, pero también porque se reconoce que estaba casada y requetecasada, que es como se sintió siempre. Le dolía que lo compararan con una pareja de hecho”, dijo ayer Isidro Rodríguez.

Estrasburgo ha emitido un fallo que sienta jurisprudencia. Es un precedente jurídico al que pueden acogerse todos aquellos gitanos que hayan sufrido una discriminación similar. Uno de los alegatos de María Luisa es que sus 30 años de matrimonio revelan una unión evidente y que el registro de parejas de hecho fue creado en 2007.

La pareja siempre tuvo su libro de familia y pagó sus cuotas a la Seguridad Social. Estrasburgo señala que no cabe exigir a esta mujer “que se casara según el derecho canónico”, que obliga a la inscripción, ya que ello supone un deterioro “de su derecho a la libertad religiosa” puesto que ella quería desposarse “por el rito gitano”. Según el alto tribunal europeo, las minorías tienen derecho a ser tratadas de forma diferente para poder integrarlas, como repite el abogado de la mujer.

Este fallo, pues, obligará previsiblemente al Constitucional español a variar su doctrina sobre estos asuntos. Pero no siempre que se trata a las minorías de forma distinta es, precisamente, para integrarlas. El presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, dijo ayer que el largo periplo de este caso en los tribunales españoles y las puertas que se han ido cerrando no cabe atribuirlo “tanto al racismo como a la falta de interés que se dispensa a las minorías”. “No se ha tenido en cuenta la identidad del pueblo gitano que ahora sí reconoce la sentencia”. La Nena, dice Rodríguez, se consideraba plenamente casada, en lo que ella entendía por matrimonio: un marido, fidelidad, hijos, una ceremonia celebrada ante los suyos. Y así lo ha reconocido el tribunal, “que esa unión era de buena fe, como acreditaban documentos como el libro de familia”, añade.

Los gitanos, recuerda Rodríguez, no han sido ciudadanos de plenos derechos hasta la llegada de la Constitución y “todo el tiempo en que no lo fueron pesa aún en la mentalidad de la gente”. “Ahora hay que garantizar esos derechos y, por supuesto, exigir los deberes, pero los derechos a veces no están del todo garantizados”.

Rodríguez lamenta que este caso se haya enredado tanto “cuando hay otros similares que sí fueron reconocidos en los tribunales españoles. Había jurisprudencia”, afirma.

El caso de La Nena ha sido tratado cada año en el informe anual que el Secretariado Gitano hace público, donde se recogen sucesos ocurridos y comportamientos o denuncias por discriminación contra los gitanos: en el ámbito escolar, jurídico o social. Este año se ha hecho hincapié en la invisibilidad de este pueblo a pesar de los siglos que llevan en España. A los gitanos se les relaciona, lamentan, con una serie de estereotipos y malas prácticas y como tal aparecen normalmente en los medios de comunicación. No hay, sin embargo, gitanos médicos, profesores, arquitectos. O los hay, pero no se les ve.