Aunque la cuestión de los símbolos religiosos no es privativa de España, resulta llamativo que, mientras en Europa la controversia se centra en el islam y su adecuación a las sociedades democráticas, en nuestro país es el cristianismo el objeto de ataques por parte de la izquierda laicista. En Francia, Alemania o Gran Bretaña, la preocupación de los gobernantes es cómo encajar con la legalidad las conductas inspiradas en la fe musulmana; en España, el Gobierno anuncia una próxima Ley de Libertad Religiosa que ninguna confesión ha pedido. En Suiza se acaba de prohibir en referéndum la construcción de alminares en las nuevas mezquitas; en nuestro país, PSOE y ERC han cebado artificialmente una polémica sobre la presencia del crucifijo en los colegios.
        Lejos de satisfacerles esta «cruzada» laicista de la izquierda radical contra la Iglesia, a las demás religiones les inquieta que el Gobierno intente condicionar sus actividadades con el pretexto de dar mayor igualdad a todas ellas. Pero el temor mayor es que desde el poder político se cree un problema religioso donde no lo hay. Líderes musulmanes y judíos temen que como consecuencia del acoso al cristianismo se reaviven viejas querellas y se trasladen a la sociedad española los graves conflictos que se están registrando en Europa. En España no hay ninguna querella relevante por causa religiosa o entre religiones, gracias a la madurez y  sentido común de los ciudadanos y al carácter aconfesional de la Constitución, que ha permitido el acomodo legal y social de las distintas confesiones. Y los musulmanes no son una excepción. En estos momentos hay en nuestro país algo más de un millón doscientos mil musulmanes, que realizan sus oficios religiosos en unas 470 mezquitas. Salvo casos aislados, la convivencia con la población cristiana es irreprochable, e incluso es frecuente que unos y otros colaboren en tareas de asistencia social y apoyo mutuo. Ni la cruz ni ningún símbolo islámico es objeto de disputa. Un referéndum como el de Suiza es impensable en España, donde el problema no es precisamente la proliferación de minaretes, algunos tan bellos y universales como La Giralda. Si ha habido choques con las autoridades municipales o regionales ha sido por todo lo contrario, por la nacesidad de construir nuevas mezquitas de acuerdo a las condiciones técnicas municipales, sin connotación religiosa alguna. Una de las mayores carencias de la comunidad musulmana es la falta de templos debidamente acondicionados, pues abundan las llamadas «mezquitas – garaje» que suscitan el recelo de vecinos y munícipes por su carácter semiclandestino e insalubre. Tampoco en el campo educativo, salvo hechos muy concretos, se registran incidentes de mayor cuantía. En todo caso, es evidente que la convivencia interreligiosa en España transcurre sin sobresaltos y no parece que haya fricción que los ciudadanos, al margen de sus creencias, no puedan resolver con sensatez y buen juicio.
     Pero no cabe duda de que si el Gobierno socialista se empeña en crear un problema donde no lo hay, acabará lográndolo. A los aprendices de brujo que le susurran al oído las consignas del laicismo radical no les importa incendiar los sentimientos religiosos en la sociedad con tal de encerrar a los obispos en sus sacristías y relegar los símbolos cristianos al desván de la historia. El oscuro revanchismo que les anima sólo podrá traer, si se eleva a categoría de ley, graves quebrantos para la convivencia entre los españoles, sea cual sea el Dios en el que crean o no crean en ninguno.