MADRID – Tras el nuevo «portazo» de Rabat a las gestiones del ministerio de Exteriores español, se esperaba la reacción del Ejecutivo. Y, de nuevo, fue la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien salió al paso. Tras una primera declaración, algo tibia, acerca de que el Ejecutivo español «sigue apostando por el diálogo y la cooperación» en sus relaciones bilaterales con Marruecos, De la Vega lanzó un mensaje algo más claro, al sostener que la situación de la activista saharaui Aminatu Haidar «ha vuelto a mostrar la imperiosa necesidad de alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable» sobre el futuro del Sahara Occidental. «Esta solución debería alcanzarse respetando el derecho el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui en el marco de las resoluciones y de las disposiciones de Naciones Unidas», añadió.
Respecto a la situación de la activista, la vicepresidenta aseguró que el Gobierno «está haciendo lo que está en sus manos para poner fin a una situación a la que nunca se debería haber llegado». El Ejecutivo español «está intentando que Haidar reconsidere su situación personal para que deje de poner en riesgo su salud».
«Estamos haciendo todas las gestiones en el ámbito diplomático junto a la comunidad internacional para solucionar esta situación, ya que el Gobierno aborda las relaciones bilaterales desde la responsabilidad y la sensatez», dijo, antes de insistir en que través «del diálogo y la cooperación, que son los instrumentos más importantes para reclamar posiciones, vamos a seguir trabajando ante el reino de Marruecos para que Haidar pueda regresar con su familia».
Por su parte, el PP exigió algo más de contundencia al Ejecutivo a través de su portavoz de Inmigración, Rafael Hernando, quien declaró ayer a Efe que el Gobierno tiene que plantearse ejercer una «presión más seria» sobre Marruecos, aplicando con este país la táctica del «palo y la zanahoria», para tratar de acabar con la «humillación» que supone para España el caso de Haidar.
Según dijo, todo lo ocurrido con la activista saharaui tiene su origen en la «estupidez y torpeza» del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, al haber aceptado su entrada en España. Según Hernando, para encontrar una salida a la situación es precisa «una presión más seria por parte del Gobierno», y le recordó que a partir de enero España presidirá la Unión Europea.