Vuelco electoral sin precedentes en el número de extranjeros que podrán votar en las elecciones municipales del 2012. Si hasta 2008 eran 1.183.496 los que podían ejercer su derecho al voto, cuatro años después esta cifra se duplicará. Una revolución que puede ser determinante para cambiar el color de pequeños ayuntamientos, donde el peso de esta población extranjera es crucial.

¿Cómo se ha llegado a esta situación insólita en la historia electoral de España? Por la coincidencia de la incorporación masiva de tres grupos de nuevos votantes, que tienen que pedir la inscripción en el censo: 600.000 extranjeros procedentes de nueve países con los que el Gobierno ha firmado un convenio de reciprocidad, 800.000 rumanos y búlgaros que, al entrar en la UE pueden votar automáticamente, y 500.000, hijos y nietos de exiliados que, según la Ley de Memoria Histórica, pueden pedir la nacionalidad española. Hasta ahora la han solicitado 50.000.

Trabajos en el Congreso

Pero todas estas incorporaciones masivas no han sido una casualidad, sobre todo en lo que se refiere a los aproximadamente 600.000 nuevos votantes, fruto de los convenios de reciprocidad que el Gobierno ha firmado con Colombia, Perú, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Cabo Verde, Chile, Paraguay y Nueva Zelanda. Unos convenios ratificados por el Congreso de los Diputados, en el seno de la subcomisión creada para la reforma de la Ley Electoral.

Una reciprocidad a la que se vio obligado el Gobierno, gracias a la presión ejercida, entre otras fuerzas políticas, por CiU y PP, cuyo representante en la subcomisión, José Antonio Bermúdez de Castro, aseguró a ABC que no estaban dispuestos a permitir que los extranjeros pudieran votar libremente en España sin que los españoles pudieran hacerlo también en sus países. Esa era la intención de la izquierda, «pero el PP forzó la aplicación de la Constitución, que permite a los extranjeros votar en las municipales en España, pero aplicando el principio de reciprocidad».

No fue tan fácil convencer al Gobierno, que finalmente consensuó los criterios para aplicar el principio de reciprocidad. Este consenso pasaba porque se firmen convenios con países democráticos, que las condiciones de voto para los españoles en esos países no fueran discriminatorias y que el periodo mínimo de residencia en España fuera de cinco años.

El Gobierno impulsó la firma de quince convenios, pero el Congreso sólo ha ratificado nueve, porque PP y CiU se han negado a dar su visto bueno a dos e incluso el PSOE reconoce que no hay reciprocidad: Argentina (118.220 posibles votantes) y Uruguay (42.051), sobre los que ha pedido que se reconsideren, ya que son discriminatorios con el voto de los españoles en sus territorios. En el caso de Argentina, Bermúdez de Castro destaca su «indeterminación», ya que los españoles no pueden votar en las mismas condiciones en todo el territorio argentino, sino que hay restricciones en determinadas provincias. Con Uruguay no hay reciprocidad, ya que obliga a los españoles a acreditar 15 años de residencia, entre otros condicionantes. El resto de convenios que han sido impulsados, aunque están pendiente de aprobar por el Congreso, son los de Burkina Faso, República de Corea y Bolivia (191.925). Venezuela (52.450) no ha respondido al ofrecimiento.